La bicicleta pública gratis tiene los días contados en la capital grancanaria. El Gobierno tripartito prevé implantar el próximo año una tasa anual de 35 euros para poder circular en la bicicleta. El proyecto de presupuestos de la empresa pública Sagulpa, que gestiona el servicio desde el pasado año tras dos intentos fallidos de privatización, prevé recaudar el próximo año 285.500 euros por el alquiler de las bicicletas. Este servicio municipal que es público y totalmente gratuito desde su creación -inicialmente se pagaba el coste del envío de un sms para desenganchar la bici- tiene en la actualidad unos 16.200 usuarios, una cifra que Sagulpa calcula que se reducirá a la mitad (unos 8.150 usuarios) por la implantación del sistema de pago.
Además, Sagulpa cuenta con ingresar el próximo año otros 15.500 euros con la explotación publicitaria de la bicicletas y los estacionamientos. En total, el servicio prevé recaudar 301.000 euros.
El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, aseguró que aún no hay fecha concreta para empezar a aplicar la tasa, aunque reconoció que será cuestión de unos meses, el tiempo que tarde Sagulpa en decidirse por un nuevo sistema software para la gestión del sistema, que según el edil, está desfasado y "provocando problemas". El edil calcula que la tasa podrá empezar a cobrarse a mediados del próximo año. "Estamos estudiando otras posibilidades, como el sistema de Barcelona o Valencia, que funcionan bien, para implantar uno de ellos, de cara al sistema de pagos, que además evite los robos y el vandalismo", dijo.
Reparación
Sagulpa prevé un gasto de 125.432 euros en la reparación y adaptación de las estaciones y la puesta en marcha de diez nuevas; la implantación del nuevo software de gestión y su compatibilización con la tarjeta LPA movilidad.
Según Ramírez, la implantación de la tasa permitirá mejorar el servicio, un uso más racional del sistema, denominado bybike. Aseguró que el servicio seguirá siendo público y gestionado por Sagulpa. La tarifa se establece de acuerdo a la encomienda de gestión del servicio de alquiler de las bicicletas municipales que encargó el anterior gobierno del Partido Popular (PP) en enero de este año, tras anular las dos adjudicaciones fallidas del servicio a empresas privadas. La primera tentativa se produjo el 12 de julio de 2013, cuando se adjudicó el servicio a la empresa Gedetec S.L., que renunció una semana después por falta de fondos para poner en marcha el servicio.
En ese momento, el Ayuntamiento ya contaba con implantar una tasa anual al sistema de préstamo, que oscilaba entre 30 y 32 euros. Hubo un segundo intento, el 12 de febrero de 2014, cuando se contrató el servicio a la empresa Postigo Obras y Servicios S. A., pero el Ayuntamiento terminó abriéndole un expediente sancionador por "falta muy grave" y posteriormente inició el expediente de rescisión del contrato, tras el incumplimiento de la empresa que, finalmente, se acogió en septiembre de 2014 a un concurso de acreedores. Todas estas circunstancias afectaron gravemente al servicio y, sobre todo, al estado de las bicicletas y las estaciones, lo que llevó al Gobierno de Juan José Cardona a intervenir el servicio y encomendarlo a Sagulpa. Cuando se hizo cargo de la gestión, se encontró con 60 bicicletas en lamentable estado de conservación.
