Un nuevo testimonio sobre el posible origen del dinero en el caso del tráfico de móviles. En la tercera sesión del juicio celebrado ayer, en la que prestaron declaración los testigos de la defensa del funcionario de prisiones imputado, José Miguel B. A., testificó el que aseguró ser el arrendatario de una vivienda suya, quien afirmó que en la última semana de noviembre de 2012, fecha clave en la investigación y en la que se produjo el famoso encuentro en la gasolinera de Las Remudas (Telde) entre los dos acusados, le entregó al que era su casero, en efectivo y en billetes de 50, la cantidad de 1.100 euros, equivalente a dos mensualidades y un recibo de la luz. Esto daría fuerza a la versión que ofreció el propio funcionario sobre la mencionada reunión que mantuvo con el otro imputado, el preso José Ramón G. R. A ambos se les atribuye un delito de cohecho, por presuntamente intentar introducir teléfonos móviles en la cárcel.
Según José Miguel B. A., en dicha cita se limitó a comprarle dos bolsitas de cocaína al otro imputado, a cambio de 100 euros. Sin embargo, cuando la Guardia Civil detuvo al funcionario, este tenía en su vehículo una bolsa con tres móviles y un cargador -entre otros aparatos-, la cual un agente había visto cómo el preso se la entregaba, además de las bolsitas con la droga y 1.000 euros -separados en billetes de 50-, que equivaldría al restante del pago de su inquilino tras el supuesto abono de la coca al otro imputado. El arrendatario también admitió que es un expresidiario que estuvo ingresado en el centro penitenciario de Salto del Negro por un delito de tráfico de drogas.
Peritos
Durante la sesión de ayer también declararon, entre otros, varios funcionarios de prisión que han sido compañeros de trabajo de José Miguel B. A. y que afirmaron que no tienen constancia de que este hubiera introducido móviles en el centro penitenciario, así como los peritos, también propuestos por el abogado de José Miguel B. A., quienes corroboraron que este sufría de adicción a la cocaína en el momento en que se produjo su arresto.
En su informe final, el fiscal resaltó especialmente el hecho de que no se ha exhibido ningún contrato de alquiler entre José Miguel B. A. y el arrendatario de su vivienda, ni tampoco ningún recibo ni pruebas de alguna transferencia bancaria, antes de subrayar que elementos como las diferentes grabaciones telefónicas que realizó la Guardia Civil o la bolsa que el preso entregó al funcionario "sí son pruebas". En cuanto al encuentro entre ambos en la gasolinera, comentó que fue el momento en que "los pillaron con las manos en la masa".
Por su parte, los letrados, en sus conclusiones, se basaron en que las expuestas son pruebas insuficientes y que existen "dudas razonables" como para condenar a sus representados, así como el hecho de que la investigación llevada a cabo por la Benemérita fue limitada, porque "se limitaron a las escuchas telefónicas", en palabras del defensor del funcionario, y no indagaron entre personas del exterior de la prisión con las que presuntamente contactó el preso acusado. Igualmente destacaron el hecho de que el Ministerio Fiscal no solicitara una prueba pericial para demostrar que las voces que se escuchan en las grabaciones corresponden a quienes se las atribuye la Guardia Civil, puesto que algunas de estas personas -entre ellas, el acusado José Ramón G. R.- han negado serlo.
El abogado de José Miguel B. A. agregó además que "no existen pruebas" de que su cliente sea el don Miguel que se menciona en las conversaciones telefónicas, al igual que recordó que al funcionario nunca se le escucha en las citadas grabaciones, salvo en las del día del encuentro en la gasolinera.
El Ministerio Fiscal elevó a definitiva su petición de prisión de cuatro años y medio para ambos acusados, al igual que las dos defensas, que solicitan la libre absolución de sus respectivos clientes. El jurado está citado hoy para deliberar sobre su veredicto de inocencia o culpabilidad de los dos imputados.
