El exalcalde y concejal en la oposición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, compareció ayer como testigo ante la Fiscalía para ratificarse en la denuncia interpuesta contra el gobierno municipal por "ceder" el control público de Emalsa a su consejo de administración. El edil no sólo considera que el tripartito (PSOE, Podemos y NC) ha omitido cinco informes con "graves" incumplimientos en la gestión del servicio de aguas, sino que ha tomado decisiones perjudiciales para el patrimonio hidráulico, como "trasladar el control" de las relaciones contractuales al consejo de administración, "usurpar" esa función al Consistorio e incumplir las recomendaciones hechas por el equipo de técnicos locales que intervino la compañía durante 18 meses, según recoge la denuncia, que fue presentada a finales de enero y ampliada el 22 de febrero.
Entre los incumplimientos, el edil destaca la cláusula concesional 9.7 relativa a la dotación del fondo de reposición, que está destinada a garantizar la devolución de los bienes en las mismas condiciones de funcionamiento, así como la no dotación del fondo de amortización para las instalaciones industriales. Un "grave riesgo" para el patrimonio que ha propiciado la citación del denunciante y la apertura de diligencias por un posible delito de administración desleal, es decir, por tomar decisiones que comprometen los bienes e infraestructuras vinculadas a la concesión del servicio.
Guerra de expertos
Los incumplimientos contractuales a los que alude Cardona en los cinco informes del ex interventor municipal de Emalsa son investigados en el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital grancanaria, pero la ampliación de la denuncia afecta a la junta de gobierno local e introduce una situación nueva. De ahí que la fiscal delegada de Delitos Económicos, Eva Ríos, abriera diligencias y no remitiera el expediente al juzgado para su acumulación al otro proceso.
La fiscal centró su interrogatorio en esa segunda parte de la denuncia, con la finalidad de analizar si el tripartito ha incurrido en responsabilidad penal al crear un comité asesor que no sigue las recomendaciones formuladas por el exinterventor de Emalsa, Rafael Bolívar, sino de la consultora KPGM, que fue contratada por los socios privados de la entidad, Saur Internacional y Valoriza.
Ese comité de expertos, que está integrado por tres técnicos municipales, se apoya en las conclusiones de KPGM para revisar el marco contractual, con objetivos como actualizar los precios en las tarifas del agua, crear una tasa de saneamiento o abordar el reparto de dividendos entre los consejeros. Esos fines son contrarios a los propuestos por Bolívar, que detecta en sus informes hasta 14 incumplimientos de la empresa y, ante la imposibilidad de garantizar el control público de Emalsa, aboga por la resolución de los acuerdos. Esa, al menos, es la conclusión de su quinto y último dictamen, que fue respaldado en septiembre por los seis funcionarios integrados en el grupo de apoyo a la intervención, el cual fue creado por Cardona en el mandato anterior y disuelto por el nuevo gobierno. Bolívar, además, fue cesado como jefe de la Unidad Técnica del Agua y trasladado a Emergencias.
La junta de gobierno, tras desechar su trabajo, creó el pasado 14 de enero un nuevo comité asesor, con la finalidad de "analizar y definir" las propuestas recogidas en el documento elaborado por KPMG Abogados. Según la denuncia, el acuerdo es ilegal porque la propuesta de resolución "no está precedida de informe previo, ni está redactada por ningún servicio municipal ni firmada por funcionario o técnico municipal alguno".
El concejal de la oposición sospecha que el autor de la propuesta es la misma Emalsa, cuyo consejo de administración, con el apoyo de su presidente y alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, busca "sustituir" al Ayuntamiento en el ejercicio de sus "facultades de control administrativo" para que sea la propia concesionaria quien "dirija" las relaciones contractuales.
En síntesis, Cardona acusa al regidor y su gobierno de "ejecutar" en siete meses una "hoja de ruta" que favorece a los socios privados y perjudica al Ayuntamiento, pues ha eliminado la intervención municipal, ha hecho "caso omiso a los informes y ha cesado al jefe de Aguas tras desacreditarlo con una querella por su labor de interventor, la cual fue aprobada por los consejeros Saur y Valoriza y la abstención de los representantes municipales, entre otras decisiones encaminadas a construir un expediente administrativo "artificial" que deje el control de Emalsa en manos de su consejo de administración, donde los socios privados tienen mayoría (66 %).
La ronda de declaraciones sigue hoy con el funcionario Rafael Bolívar, también citado por la Fiscalía en calidad de testigo.
