La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha solicitado a la Abogacía del Estado que inicie una reclamación judicial contra la UTE Dique de la Esfinge 2ª Fase, formada por FCC, Matías Marrero, Dragados y Félix Santiago, por el impago de las deficiencias detectadas en la construcción de la segunda fase del muelle de La Esfinge en el Puerto de La Luz, por cuyos defectos el ente portuario devolvió casi 11 millones de euros a la Unión Europea en concepto de subvenciones. La administración pide poco más de dos millones de euros al conjunto de constructoras por las irregularidades, además de solicitar que desembolse otros 2,5 millones para subsanar los desperfectos.
La Autoridad Portuaria y la UTE llevan inmersos en este litigio desde el año 2012, cuando las empresas solicitaron dos millones de euros al ente por las modificaciones que se habían incluido en el proyecto, como el aumento de altura del espaldón -de 12,7 a 14,7 metros- a lo largo de 156 metros de muelle que posteriormente tuvo que ser demolido. Esta cantidad aumentó al año siguiente hasta 12 millones por los intereses de demora y perjuicios ocasionados desde que recepcionara la obra. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, solicitó entonces un informe a Puertos del Estado que determinara cuál era la cifra a pagar o a solicitar.
La respuesta llegó en mayo del año pasado cuando la administración estatal determinó que el Puerto tenía que devolver 10,9 millones de euros a Bruselas por las ayudas recibidas para esta obra al no cumplir con las exigencias incluidas. Además, el estudio determinó que la UTE tenía que devolver 2,5 millones de euros por las irregularidades detectadas en la infraestructura, y aportar esta misma cantidad para dejar el dique en perfecto estado.
Entremedias, Luis Ibarra puso en conocimiento de la Fiscalía los "graves fallos técnicos" que se produjeron en la obra, según otro informe de Puertos del Estado. Esta obra, que fue adjudicada en marzo de 2007 a la citada unión temporal de empresas por 46,3 millones de euros, fue entregada al Puerto en julio de 2012, 22 meses después del plazo fijado en un principio.
Esta investigación llegó hasta el juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que en noviembre del año pasado imputó al por entonces director del Puerto de La Luz, José Daniel López, y el jefe de Obras, Miguel Ángel Larraz, que fueron llamados a declarar por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsificación de documentos.
Abono voluntario
Ahora, las cuentas anuales del año 2015, publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recogen que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria notificó el 15 de julio de 2015 a la UTE la resolución del órgano de control, en la que se decidió solicitar la devolución de la cantidad fijada, dando asímismo un plazo para el pago voluntario que ya finalizó.
"No habiéndose abonado la misma, ni impugnado el acuerdo del Consejo de Administración por parte de la UTE, esta Autoridad Portuaria ha solicitado a la Abogacía del Estado que proceda a la reclamación judicial de la cantidad reclamada", se indica en la documentación pública. "Al cierre del ejercicio 2015", continúa, "la cantidad pendiente asciende a 2,074 millones de euros al haber sido ejecutado el aval que obraba a favor de la Autoridad Portuaria de Las Palmas", que en un principio solicitaba el reintegro de 2,4 millones de euros.
