El Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto hoy a sus funcionarios al servicio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para pasar una inspección extraordinaria. Le seguirán esta semana la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, el Juzgado de Instrucción número 6, el Juzgado de Penal número 2 y el Juzgado de Vigilancia Penitencia número 1, según la iniciativa promovida por la Jefatura del Servicio de Inspección que fue acordada el pasado noviembre por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces.

La auditoría es extraordinaria, esto es, distinta a las ordinarias que figuran en el calendario anual de inspecciones del CGPJ. La inclusión del Juzgado de Instrucción número 8 y de la Sección Sexta de la Audiencia, según la fuentes judiciales consultadas, está relacionada con el conflicto que tienen los magistrados Victoria Rosell y Salvador Alba, ambos expedientados por sus actuciones en dos causas que tramita Instrucción 8: una por supuesto fraude fiscal que afecta al empresario Miguel Ángel Ramírez, y otra en la que se vio implicado el abogado Eduardo López Mendoza. Ambas han acabado con quejas ante el Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que ha abierto expediente en el CGPJ para investigar los hechos.

Alba es magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia, pero sustituyó a Rosell al frente de Instrucción 8 en febrero. La juez pidió la excedencia y se presentó a las elecciones generales del pasado 20 de diciembre con Podemos. Luego volvió al juzgado, del que es titular, donde sigue con el refuerzo Carla Vallejo. Ambas recibieron ayer a los dos inspectores, que se han centrado en las causas con retrasos y quejas en el CGPJ, como las dos mencionadas.

Alba, que también ha ejercido de sustituto voluntario en el Juzgado Vigilancia Penitenciaria número 1, espera para mañana la inspección junto a sus compañeros de la Sección Sexta. El magistrado no tiene resoluciones pendientes, pero si es ponente de importantes pleitos por corrupción que están pendientes de juicio desde hace años, como el caso Faycán. En este supuesto, al tratarse de un órgano colegiado, también se analizarán las actuaciones de Emilio Moya y Carlos Vielba, los otros dos miembros de la Sección Sexta. Entre ellos no hay buen ambiente de trabajo debido a una grabación realizada por Alba a sus compañeros, con la intención de defenderse de otra grabación realizada por Ramírez que es investiga en el TSCJ y en la que ambos están imputados.