La publicación del último informe sobre la gestión de Emalsa ha vuelto a reeditar el debate sobre la gestión pública o privada del ciclo integral del agua, una cuestión que genera discusiones y posiciones encontradas, no sólo entre el gobierno municipal y la oposición sino entre los socios del propio Tripartito. El debate ha propiciado además una especie de mundo al revés en el que grupos defensores a ultranza de la privatización, como el Partido Popular (PP), apuesten ahora de manera rotunda por el rescate de la concesión debido a las anomalías del servicio y, por el contrario, fuerzas que siempre han apostado por la gestión pública de los servicios, como Podemos y Nueva Canarias (NC), se llenan ahora de prudencia y esgrimen su miedo a los costes económicos que traería consigo.
El programa de gobierno del Tripartito apuesta por una remunicipalización del servicio, pero "a coste cero", un mantra que siguen repitiendo cuando se les pregunta -al hilo de las anomalías del servicio puestas de nuevo en evidencia por el último informe- los portavoces de Las Palmas de Gran Canaria Puede, Javier Doreste, y NC, Pedo Quevedo, que siguen reafirmando su apuesta clara por la gestión pública. Más oscura es la posición de la tercera o la primera, mejor dicho, pata del pacto, el PSOE, ya que el alcalde Augusto Hidalgo declinó hablar con este periódico sobre la posibilidad de remunicipalizar el servicio de saneamiento. Hidalgo delegó en el concejal de Aguas, Roberto Santana, que argumenta que esta es una cuestión que se "escapa" de su gestión, porque "es una postura que debe tomar el gobierno Tripartito".
Una sugerencia
En cualquier caso, aclara que el informe de los técnicos Benito Cabrera y Miguel Padrón "no pone la remunicipalización en el listado de las propuestas. Es más bien una sugerencia, que requiere un análisis en profundidad. Las conclusiones del informe me llevan a que tenemos que controlar más a Emalsa y si ese control puede dar pie a que el Ayuntamiento pueda rescatar toda la concesión, pues se haría. Pero sin un previo control más exhaustivo de Emalsa no podemos llegar a esa conclusión, porque al final lo que estamos manejando es dinero público y rescatar a una empresa, cuyo contrato dura hasta 2043, va a suponer un gasto muy grande. Lo más probable es que tengamos, en un corto espacio de tiempo, una reunión para debatir cuales son las ventajas, inconvenientes o amenazas que pueda tener una posible remunicipalización. Hay que analizarlo con calma. Si no supone ningún coste, encantados, pero, evidentemente, esa situación no se va a dar. Hay unas acciones repartidas entre tres empresas y no es tan fácil".
Por su parte, el concejal de Urbanismo y portavoz de Las Palmas Puede, Javier Doreste, recuerda que la remunicipalización "está en el programa del Tripartito, pero a coste cero para el Ayuntamiento. Si es posible la remunicipalizamos. Eso lo tenemos claro. Pedro Quevedo y yo somos partidarios -lo que pasa es que legalmente es complicado- porque somos defensores de lo público y tenemos ejemplos de ciudades en Europa que ya han logrado recuperar el abastecimiento de agua. Y además", recalca, "si la empresa concesionaria sigue insistiendo en que pierde dinero con el saneamiento, que lo cedan de nuevo al Ayuntamiento".
Preguntado si el Tripartito se ha planteado denunciar el contrato como Juan José Cardona exige, Doreste indica -tras preguntar al exalcalde por qué no lo hizo él, que ni siquiera abrió un expediente sancionador- que "todas las posibilidades se contemplan y barajan, pero siempre buscando el mayor ahorro posible para la ciudad. Habría que ver cuanto dinero le costaría a la ciudad y no hay que olvidar que estamos atrapados por un techo de gasto que nos impide la inversión. No descartamos esa posibilidad de municipalizar todo el servicio y la hemos puesto sobre la mesa. Están los tres socios del gobierno de acuerdo, aunque alguno con un ligero matiz, entre otras cosas porque forma parte del pacto".
En palabras del edil de Podemos, el Tripartito está "intentando cumplir" las propuestas de un mayor control que plantea el informe. "Se está haciendo, por ejemplo, con el rechazo fundamentado al pago de las facturas del saneamiento, a l contrario de lo que hizo Cardona, por lo que nos cayó una sentencia en contra". Según Doreste, el nuevo bloqueo al pago de las facturas en este mandato "está motivado por una diferencia en la aplicación de la fórmula de cobro. Por eso se le han devuelto las facturas a Emalsa. A diferencia de Cardona, que hacía mucho ruido y pocas nueces, nosotros no hemos hecho tanto ruido porque no queremos que este asunto se convierta en una guerra mediática, pero sí que estamos intentando hacer cosas y aclararlas. Estamos preparando el reglamento del saneamiento para establecer los ítem que tiene que cumplir la empresa. El problema es que el convenio no contempla nada de eso y vamos a tener que negociar con la empresa".
En similares términos se pronuncia el concejal de Turismo y Empleo y portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que recalca que sigue defendiendo que "los servicios estratégicos deben estar sometidos al control público, lo cual no excluye que pueda existir una cooperación privada en relación con el know how (saber hacer). Otra cosa es cuando se podrá hacer eso. Fue un error terrible perder esa mayoría en Emalsa y el problema es que 23 años después de ese disparate, las cosas no se resuelven cuando uno quiere".
Espaldas al aire
"El Ayuntamiento está con las espaldas al aire porque, año tras año, se han dedicado a desmantelar el servicio municipal que tenía que controlar a Emalsa. Por ello, tenemos que reconducir primero el ámbito administrativo. Nos encontramos con una concesión que dejó absolutamente vendida a la administración pública y ahora hay que reconstruir las cosas, generar ordenanzas. Ahora mismo es una irresponsabilidad plantear la remunicipalización, porque hay una judicialización brutal en Emalsa. Quien se ha dedicado a establecer un contencioso permanente y una hostilidad manifiesta en las relaciones, ha estado más preocupado por perjudicar al otro, en vez de resolver el problema. Hay un montón de dinero en juego, ya han salido algunas sentencias y podría haber varias más. Hasta que ese panorama no esté resuelto, dar un paso más es una irresponsabilidad". Quevedo descarta denunciar el contrato porque, "hasta ahora, los incumplimientos han sido de las dos partes" y asegura que es partidario de recomprar las acciones de Saur y Valoriza, "pero en estos momentos sería una irresponsabilidad porque nos tienen demandados por 90 millones". Asegura que el último informe es "igual de terrorífico" que los del mandato anterior. "Pocas veces se ha hecho una concesión administrativa con tan pocos controles", lamenta.
Caducidad de la concesión
En opinión del popular Juan José Cardona, el Tripartito está tardando en denunciar los incumplimientos, tras los informes de septiembre de 2015 y de octubre de 2016. "El Ayuntamiento no tiene otra salida que tomar aquellas decisiones tendentes a declarar la caducidad de la concesión por incumplimientos de las condiciones esenciales por parte del concesionario. Así lo establece el acuerdo plenario de 1993 en su apartado noveno, cuando se refiere a que la concesión se extinguirá por caducidad declarada debido si hay incumplimiento de sus condiciones esenciales", advierte.
"Esto en la práctica", añade, "significa la remunicipalización del servicio", una decisión que debe estar precedida de los " correspondientes procedimientos administrativos, audiencia del interesado, dictamen del Consejo Consultivo, etc.", con cada uno de los contratos. Considera que el "nivel de los incumplimiento es de tal gravedad que solo cabe la declaración de caducidad y la resolución del contrato". El Ayuntamiento, destaca, "tiene derecho a reclamarle a Emalsa los daños generados por no cumplir los contratos", como, por ejemplo, la provisión de los fondos de reposición y de pensiones. "Las alternativas que tiene el Ayuntamiento son denunciar el incumplimiento de condiciones esenciales de la concesión, de varios contratos suscritos e, incluso, el acuerdo de venta de acciones de Emalsa a las dos empresas privadas, porque hasta ahí también hay incumplimientos", como los compromisos millonarios de inversiones "no realizados".
Para la portavoz de Ciudadanos (C's), Beatriz Correas, la remunicipalización es "la única opción válida en estos momentos, debido a la insostenible situación que estamos viviendo. Un bien de primera necesidad, como el agua, no puede estar en manos de privados y sin el control municipal. El Ayuntamiento debe controlar el agua de la ciudad y hay sobradas razones para el rescate. Otra cosa es lo que sucedería después, y si este Ayuntamiento está capacitado para mantener el 100% de la gestión, o si sería necesario estudiar otros modelos en los que participar la parte privada, pero sin perder nunca el control, manteniendo la mayoría y blindando, en cualquier caso, un control total por parte del Ayuntamiento a la hora de tomar decisiones".
En el polo opuesto se sitúa la portavoz de Unidos por Gran Canaria (UxGC), Ángeles Batista, quien respalda al alcalde Augusto Hidalgo porque "ha actuado con la prudencia necesaria, si queremos evitar un alto coste para la ciudad. Las conclusiones de los informes de la frustrada intervención en Emalsa, que acordó el exalcalde Juan José Cardona, y el que encargó el Tripartito coinciden en la necesidad de establecer medidas de control sobre los servicios y la gestión económico financiera de la empresa mixta, curiosamente la misma advertencia que le hice a ambos gobiernos".
El Ayuntamiento, entiende, "ha venido incumpliendo su obligación de control del servicio y también en materia de inversiones. Aún no ha llegado un alcalde con la valentía suficiente para hacer una apuesta fuerte e invertir en una nueva red de abasto y saneamiento, tan necesaria, y las consecuencias las pagan los vecinos. "Todos los grupos debemos dar ejemplo de que lo realmente importante es la calidad del servicio al mejor precio, sin hacer demagogias ni dejar entrever otros intereses", recalca.
En la misma línea contraria a la recuperación de la concesión se posiciona la empresa Emalsa, cuyas fuentes advierten de que tanto el rescate como la remunicipalización del servicio "son supuestos inimaginables en la actualidad". Afirman que "ningún ayuntamiento con un contrato en vigor y la vida que tiene éste se plantea remunicipalizar el servicio, sería un caso inédito. Ese supuesto comportaría una importante compensación económica a abonar por el municipio".
Suposiciones sin contrastar
Sobre el rescate, consideran que "solo se podría llevar a cabo en una situación de reiterados e irreversibles incumplimientos contractuales, que no es el caso de la ciudad. Emalsa no se enfrenta a expediente sancionador alguno por ninguna de las supuestas irregularidades o incumplimientos contractuales que se vienen difundiendo". Al respecto, apuntan que "la gravedad de las irregularidades que contempla el rescate de una concesión tendrían que ser de tal calibre, que, por ser irresoluble, tuviera que hacerse cargo el Ayuntamiento", situación que es "impensable en la ciudad". En cuanto a la remunicipalización, "para que una operación mercantil de ese calibre se realice tiene que haber una parte que quiera comprar y tenga los medios para hacerlo y, otra, que quiera vender".
Para Emalsa, plantear cualquiera de las dos opciones, en las circunstancias actuales de la prestación, es "incluso ofensivo", ya que "en el último consejo de administración se conoció una encuesta de satisfacción por parte del cliente que supera todos los niveles óptimos". En referencia a la sugerencia del informe de remunicipalizar el saneamiento, explica que "el actual equipo de gobierno designó a tres funcionarios municipales para que conocieran el informe de KPMG, elaborado por encargo de la anterior corporación, de manera rigurosa y sistematizada desde el conocimiento global y detallado del contrato y sus prestaciones reales, y asesoraran a los actuales consejeros municipales de Emalsa en su concertación con la operadora para adecuar las prestaciones contractuales a las necesidades actuales y de futuro inmediato de la ciudad". "Se trata", afirman sobre el informe, "de una visión subjetiva basada en suposiciones no contrastadas con los técnicos de Emalsa".
Contra la remunicipalización del servicio se pronuncia también un experto en Aguas ajeno a Emalsa que prefiere permanecer en el anonimato. "Está demostrado", subraya, "que la gestión de un servicio por un experto es más eficiente y efectivo que por un público. Por tanto, es más barato y se presta un mejor servicio. Hay multitud de pruebas que lo acreditan. Por ejemplo, en Gran Canaria, y a los datos del Consejo Insular de Aguas me remito, un municipio en Canarias gestionado por un concesionario tiene pérdidas en la red de agua inferiores en casi todos los casos a un 15-20% y, en la gestión pública, superan el 50% en la mayoría de los casos. Aquí de lo que se trata es de que cada uno ejerza sus competencias de forma adecuada".
Muy diferente es la opinión de la asociación cívica El Sol sale para todos, cuyo portavoz, Oscar Bermejo, quien se remite al informe de fiscalización de 2011 del Tribunal de Cuentas, según el cual la "gestión privada es un 22% más cara que la pública, genera un 30% más de pérdidas en la red y realiza una inversión un 15,5% menor". En el caso concreto de Emalsa reclama la "resolución inmediata" de los contratos, basándose en los sistemáticos y reiterados incumplimientos de los siete informes municipales elaborados entre 2013 y 2017. "Todos y cada uno de los partidos responsables del gobierno local han fracasado en su intento de reconducir la crítica situación", que "exige tomar medidas inmediatas para garantizar los intereses generales.
Chanchullos de libro
También se muestra partidario de recuperar el control público el economista Antonio González Viéitez, quien se congratula de que Europa esté viviendo en la actualidad "un proceso de vuelta del enloquecimiento privatizador de cualquier servicio público que se registró, con la falsa excusa de que lo público es perverso, ineficiente y un desastre; una experiencia muy negativa para los intereses del conjunto de la ciudadanía. Hay determinados servicios, como el suministro de agua , y mucho más en las ciudades donde hay que fabricarla, que no tiene ningún sentido que esté en manos privadas".
"En Emalsa", apunta, "hay además una cosa curiosa, ganan el concurso las mejores empresas, teoricamente, y después por ser la mejor empresa, quieren cobrar distinto, las famosas fees. Es la virguería de las virguerías". A su juicio, la de Emalsa es "una historia para no dormir. El dejar las inversiones en el ámbito municipal y la explotación de las inversiones en el privado es la teoría de la crema, un auténtico disparate. Ha y que rescatar el servicio y se puede financiar perfectamente con créditos. Aunque costara dinero, se debería remunicipalizar, sin duda, sobre todo por la decencia y el respeto que un Ayuntamiento tiene que tener frente a estos personajes. Desconozco las interioridades de Emalsa, pero al margen de los árboles que no te dejan ver el bosque, el bosque está más claro que el demonio". Según Viéitez, la creación de Sercanarias por los socios privados es de libro. "Todos los manuales dicen que si tienes una concesión y quieres engañar, debes montar una empresa privada, de forma que tú siempre tengas pérdidas y que la hija de la empresa se forre. No hay ningún libro de chanchullos financieros y fiscales que no te diga eso". Cree que la incapacidad de todos los gobiernos para controlar a Emalsa forma parte de la omnipotencia de los poderes económicos. "Nadie quiere pisar ese callo, porque en el fondo no se atreven a enfrentarse a un poder fáctico. Entonces aparece el posibilismo y el pragmatismo. Y en el fondo, es la entrega pura y dura de los valores más elementales de lo que es la decencia social".
