La empresa especializada en el desguace de buques Logiscrap, con sede en el Puerto de La Luz, quiere paralizar a toda costa la venta del portaaviones Príncipe de Asturias. La compañía tiene previsto presentar durante esta semana un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y una denuncia penal ante la Fiscalía al entender que han existido irregularidades en el proceso de adjudicación. Logiscrap ya entregó varios recursos de alzada por el resultado de la subasta pública, que lograron suspender el proceso. Sin embargo, Defensa, que aún no ha respondido a estos escritos, ya dio el ok a la adjudicación y el navío podría zarpar el próximo mes de junio de Ferrol hacia Turquía, donde será desguazado.
Tanto la Oficina de Comunicación de la Armada como la unión temporal de empresas (UTE) que adquirió el buque, formada por la madrileña Surus-Inversa y la otomana Leyal, apuntaron que los trabajos para preparar el portaaeronaves para el traslado hasta el país euroasiático ya se han iniciado aunque aún no se han resuelto los recursos presentados.
Un portavoz de la UTE apuntó que están a la espera del visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente para llevar a cabo el remolque. Sobre los recursos que tiene previsto presentar Logiscrap, esta misma fuente aseguró que ya se ha formalizado la venta del buque por 2,733 millones de euros, por lo que tendrá que ser Defensa quien responda a estas alegaciones.
Ante esta situación, Logiscrap, que cuenta con una planta de desguace en el muelle Reina Sofía y que desde un inicio se interesó por achatarrar el buque, ha comenzado a mover fichas para llevar el caso por la vía penal y paralizar así el traslado del buque. Y es que Defensa aún no ha contestado a los recursos de alzada, según declaró el abogado de la compañía, Francisco José Sánchez Ramón.
Entre las medidas que preparan están un recurso ante el Contencioso-Administrativo del TSJG y una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente para dar a conocer las irregularidades que, según Logiscrap, se han cometido durante el proceso de licitación. Estas son, según Sánchez, la falta de uno de los sellos de garantía, exigidos en el pliego de condiciones, y el proceso de desguace, que alegan que se realizará mediante beaching -embarrancarlo en una playa de la ciudad de Aliaga-, que puede provocar fugas de materiales dañinos para el medio ambiente.
A los movimientos realizados por Logiscrap se han unido los de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), de la que el letrado Sánchez es presidente. Esta organización ha remitido escritos sobre las presuntas ilegalidades que han rodeado a la adjudicación a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y al Comité Europeo Económico y Social. En el documento incluso se indica que puede existir falsedad documental en los certificados de calidad presentados por Surus-Inversa.
