La Asociación de Hoteles y Establecimientos Extrahoteleros de Las Palmas de Gran Canaria ha reclamado la intervención inmediata de la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno canario, para acabar con el alquiler vacacional ilegal que se ha disparado en la capital grancanaria y está perjudicando tanto a los hoteleros, como a los empresarios que se dedican de manera legal a este tipo de alojamiento turístico. La competencia desleal del arrendamiento vacacional ilegal está afectando, según la asociación, a los hoteleros que ven como el incremento de turistas no se traduce en una mayor ocupación y también "influye negativamente en el prestigio del destino" turístico.
El presidente de la patronal hotelera de la capital, Orlando Bonilla, advirtió ayer de que nueve de cada diez pisos o apartamentos que se alquilan a los turistas en la zona de Las Canteras son ilegales, una competencia desleal que está elevando la preocupación y el enfado de los empresarios. Desde el Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, pidió a empresarios y comunidades de vecinos que denuncien los casos ilegales para "poder actuar".
Los pisos y apartamentos de alquiler vacacional han crecido como la espuma durante el último año en la zona turística de la capital grancanaria, un fenómeno que ha propiciado la subida de los precios de los arrendamientos y la práctica imposibilidad para los residentes de conseguir una casa de alquiler en Las Canteras. Este tipo de alojamiento ha provocado también las protestas de comunidades de vecinos que se quejan de las molestias del trasiego de los turistas que se alojan en sus edificios.
"Estamos bastante preocupados por el alquiler vacacional ilegal. No estamos en contra del alquiler vacacional, siempre y cuando sea legal, porque esta ciudad tiene cabida para todos, pero deben tener una placa que los identifique, estar dados de alta y pagar a Hacienda. La actividad de los ilegales sí que nos está afectando muchísimo tanto a los hoteleros como al gremio del alquiler vacacional".
El Gobierno canario, añadió, ha asumido que nueve de cada diez aparcamientos de esa modalidad son ilegales y "es consciente de que hay una avalancha bestial de alquiler vacacional". Los hoteleros calculan que en la zona de Las Canteras hay más de cien apartamentos que se alquilan de forma ilegal y que incluso se comercializan a través de internet en plataformas como Airbnb o Booking. Sus precios son un 20% o más baratos que los legales, en donde la noche puede costar unos 60 euros. El fenómeno está afectando, en palabra de Bonilla, a la ocupación de los hoteles. "Hay cifras récord de turistas en la ciudad, pero la ocupación hotelera no lo refleja. En julio tuvimos una media de ocupación de un 70%, cuando debería haber rozado el 80%. La administración tiene que meter mano de una vez. El Ayuntamiento tiene que intervenir y también Hacienda, que tiene que fiscalizar este tipo de negocios. Queremos que las plataformas que comercializan este tipo de alquiler tengan claro que la ciudad no va a permitir las actividades ilegales", sostuvo Bonilla, que aseguró que su asociación "está cansada" de pedirle al Ayuntamiento que ponga coto a esta actividad ilegal. También ha pedido, añadió, la intervención de Hacienda, la Inspección de Turismo y el Patronato de Turismo. "Y nos dicen que no tienen ninguna atribución para ir a estos establecimientos ilegales porque no están dados de alta", se quejó Bonilla, que añadió que la "ausencia de un marco legal que regule la actividad está propiciando que se dispare la ilegalidad".
Por su parte, el concejal Javier Doreste mostró su preocupación por los efectos negativos del alquiler vacacional, tanto ilegal como legal, en la industria turística y, sobre todo, en el incremento del alquiler para los residentes de la ciudad, pero argumentó que la falta de un marco legal que regule la actividad le impide actuar. El único arma que tiene el Ayuntamiento contra el alquiler vacacional ilegal y también el legal, resaltó Doreste, es el Plan General de Ordenación (PGO), que establece que "los edificios que combinen dos actividades, la residencial y cualquier otra como el alquiler vacacional, están obligados a tener dos accesos diferentes. Apenas nos llega una denuncia, actuamos. No tenemos capacidad de inspección porque no tenemos medios humanos para ello, pero actuamos con la ley en la mano, en cuanto nos presenten una denuncia. Ya estamos actuando".
