La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de la capital grancanaria y a la empresa mixta del agua Emalsa por los vertidos de aguas residuales sin depurar que se lanzan a través del emisario submarino. El expediente se ha incoado tras la negativa hace dos meses de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno canario a autorizar los vertidos al océano de una media diaria de más de siete millones de litros de aguas fecales (entre 7.000 y 8.000 metros cúbicos). La directora de la Apmun, Ana Batista, confirmó la apertura del expediente, pero señaló que está en fase de instrucción por lo que aún no es posible saber la cuantía de la sanción que tendrán que pagar la empresa mixta y el Ayuntamiento, la primera como responsable de la gestión y el segundo como titular del servicio público.
Emalsa inició hace unas semanas una pequeña parte de todas las obras de reparación del colector submarino que hay que efectuar, una de las exigencias del Gobierno canario para autorizar el vertido, pero el principal requerimiento está relacionado con la correcta depuración de las aguas, que deben ser sometidas a un tratamiento secundario para ser lanzadas al océano. Medio Ambiente no está dispuesta a permitir por más tiempo el vertido diario de aguas fecales sin depurar. En 2015 advirtió al Tripartito que era preciso solucionar dicho problema para renovar la autorización, pero ni el Ayuntamiento ni Emalsa han realizado las obras para acabar con la contaminación marina, actuaciones cuyo coste cifró en 13 millones el concejal de Aguas, Roberto Santana. Además el Ayuntamiento tiene que conseguir la titularidad del emisario, que figura a nombre de la Autoridad Portuaria.
Autorización
El Ayuntamiento inició el proceso para obtener una nueva autorización en noviembre de 2014, tras vencer la anterior, y la solicitud la tramitó precisamente el actual concejal del área, que en aquel momento era el técnico del servicio municipal de Aguas, encargado del saneamiento. La ciudad sólo tenía autorización del Gobierno para verter en los días de lluvia y en casos de emergencia, con un límite que ha sido ampliamente superado, ya que el vertido se produce a diario por la incapacidad de la estación de bombeo del Teatro para inyectar a la depuradora de Barranco Seco toda el agua sucia que le llega en los momentos punta de producción. A la instalación del Teatro llegan a diario unos 39.000 metros cúbicos, entre 7.000 y 8.000 más de los que la estación de bombeo puede procesar, por lo que terminan en el mar, tras pasar por un rejilla que separa los sólidos, un proceso que se conoce como pretratamiento.
De hecho, la adecuación de la estación de bombeo del Teatro, ampliando su capacidad para impulsar el agua hacia Barranco Seco, es una de las obras que tenían que haberse realizado en estos dos años para solucionar el problema. Además de la ampliación de la capacidad de la estación, o la construcción de otra en el parquin de Vegueta, es necesaria la instalación de un bombeo intermedio, con un depósito de laminación para absorber la producción punta y evitar vertidos cuando hay que realizar labores de mantenimiento en las estaciones. También se precisa la construcción de un tanque de tormentas para regular los caudales en los días de lluvia y, además, evitar que la depuradora de Tamaraceite vierta a la red de saneamiento, porque al mezclarse con el resto de los efluentes no hace más que agravar el problema. El objetivo del Ayuntamiento es reutilizar en los parques toda el agua de Tamaraceite. Otra alternativa que barajan Emalsa y el Ayuntamiento es la posibilidad de construir una nueva depuradora en el Puerto para tratar parte del agua residual de la ciudad. Además, hay que mejorar el estado del emisario submarino. Emalsa comenzó hace unas semanas a reforzar los anclajes en el arranque del emisario, para asegurar su estabilidad en el tramo que está bajo la escollera. Pero esta actuación, que cuesta 94.000 euros, sólo es una pequeña parte de lo que hay que hacer, valorado en unos dos millones de euros. Según el informe del Gobierno, el emisario, que tiene una longitud de unos 2 kilómetros, está roto por varias partes. Además, el Ayuntamiento debe justificar técnicamente que el emisario cumple con los índices de dilución mínimos exigibles en la zona de inyección.
