Si un solo español pensara que Francisco Camps pagó los trajes que le suministró la trama de Francisco Correa, el presidente de la Generalidad valenciana se sentiría personalmente agraviado. El líder autonómico y presunto corrupto no basó su defensa en la inocencia, sino en la impunidad. Refugiado esta semana en Bruselas mientras se decidía su destino penal, el político valenciano insistió en que "lo importante hoy es la situación económica". Según Rajoy, la citada crisis se solventará con "confianza", una cualidad que no mejora apreciablemente cuando los mercados se enteran de que los gobernantes regionales del país asediado van a ser juzgados por aceptar sobornos, sin apearse del cargo. En especial, si cuatro meses antes han firmado un manifiesto "por una gestión libre de prácticas corruptas", como hizo Camps en Mallorca junto a los barones regionales del PP. Sobre el peso de la corrupción en la economía, las medidas legislativas implementadas por Berlusconi para favorecer a su grupo Fininvest han desempeñado un papel central en las convulsiones de la economía italiana.
Gürtel vistió a Camps, y la instrucción judicial ha desnudado al presidente valenciano con un auto demoledor. Alojado en la pusilanimidad, Rajoy ha desmenuzado durante años los casos de imputados que no sufrieron condena, con su presidente canario José Manuel Soria como distinguido cirineo del martirologio. Sin embargo, el presidente del PP se ha olvidado de recordar las acusaciones de corrupción posteriormente verificadas. El precio de su pasividad es un obsequioso presidente autonómico de muy difícil encaje con la doctrina que predican los populares, si bien Camps podrá dirigirse desde su despacho presidencial al banquillo en coche oficial.
Sin la presión ciudadana por conocer la verdad, los amigos judiciales de Camps hubieran impedido que fuera juzgado por los presentes obtenidos de sus amigos corruptos. De ahí que deba agradecerse la claridad expositiva del magistrado José Flors, en un auto que no sólo confirma los peores presagios del PP, sino que desmiente bulos esparcidos interesadamente por los amigos mediáticos de Camps. Por ejemplo, el equívoco de la confección sistemática de un vestuario con los regalos engorrosos que cuesta más devolver que aceptar. El instructor recuerda que el presidente valenciano y sus adláteres no recibieron prendas salidas de la nada, sino que se abrió una cuenta específica para ellos en una tienda. Desde allí se asumió "el pago que en distintas y sucesivas ocasiones fueron eligiendo y encargando en los referidos establecimientos".
Según el juez, Camps no es la víctima de un obsequio, sino su propiciador. Encargar un regalo no equivale a recibirlo, sino que implica un compromiso más acentuado con "amiguitos del alma". Los políticos "encargaron personalmente en distintos lugares y en diferentes ocasiones". Hubo desplazamientos de sastres, y los agraciados "eligieron sin pagar su precio" y "a sabiendas de quién asumiría el pago de su importe", porque confiaban en que la satisfacción pecuniaria corriera a cargo de alguien "que además estaba interesado en la adjudicación de contratos por parte de la administración de la Generalidad valenciana", cifrados en cinco suculentos millones de euros. No había altruismo, porque la "asunción de pagos" tenía como objetivo "ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas".
En el último tramo, "el precio de las prendas obsequiadas se satisfizo por Pablo Crespo a los establecimientos vendedores con dinero de Francisco Correa". Para redondear el fraude, la ropa se abonó mediante facturas falsificadas, otro escándalo en el que se ve envuelto Camps. Frente al abrumador relato de los hechos, las repercusiones penales deberían ser la menor de las preocupaciones para un gobernante. El vergonzoso axioma de Rajoy -"nadie se corrompe por un par de trajes"- se vuelve ahora en su contra y le obliga a la respuesta que lleva años escamoteando. El juicio a Camps desautoriza al presidente nacional del PP, incapaz de imponer en su propio partido los criterios que reclama para el conjunto de España.
El instructor no alberga la más mínima duda sobre lo ocurrido, ni se abstiene de recordar que sus compañeros del Tribunal Superior valenciano le desautorizaron antes de sufrir a su vez un revolcón por parte del Supremo. A diferencia de Esperanza Aguirre, el presidente valenciano ni siquiera ha pedido disculpas a sus conciudadanos por haber manchado con su ligereza el cargo que ocupa. Y si los imputados tienen derecho a defenderse con una hipótesis alternativa por si se acaba demostrando el obsequio de los trajes, este comportamiento casa mal con la sinceridad que se presupone a un gobernante. Si no gusta su verdad, tienen otra. Y otra.
