Si en algo contribuyen las medidas de ajuste anunciadas por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para la enseñanza universitaria -que incluyen una subida de las matrículas de hasta un 50%- es que fuerzan a las comunidades autónomas, y en el caso de Canarias, al Gobierno de Paulino Rivero, a asumir la responsabilidad de un plan para el que existe un amplio consenso social como es el de la reforma de las universidades públicas, sufragadas en su mayor parte con dinero procedente de las arcas autonómicas. El exceso o la duplicidad de titulaciones, la endogamia en los departamentos, una oferta educativa desconectada de la demanda laboral, el descontrol en el gasto, los desajustes entre la productividad de los departamentos de investigación y las partidas asignadas para trabajos de dudosa trascendencia o aplicación práctica, así como la ausencia de una evaluación objetiva sobre la calidad, rendimiento y dedicación del personal docente obligan al Ejecutivo canario no solo a hacer números -como ha anunciado el director general de Universidades, Carlos Guitián tras conocer las nuevas medidas del Ministerio de Educación- sino a plantearse una auditoría a fondo sobre el funcionamiento y distribución de los fondos públicos para el sistema universitario de Canarias. ¿Pueden sostenerse titulaciones universitarias con cinco alumnos y treinta profesores?

Al igual que el Gobierno de Rivero encargó un informe específico para el Archipiélago sobre la evaluación de los estudiantes de la enseñanza secundaria y primaria como consecuencia de los preocupantes índices de fracaso escolar las dos universidades canarias, la de las Palmas de Gran Canaria y la de La Laguna, tienen que someterse a un exhaustivo chequeo para evaluar la calidad de sus enseñanzas y la gestión académica que permita no ya un control más sensato y ajustado de los recursos públicos sino fomentar y estimular la competencia y excelencia de los mejores alumnos y profesores, con una mejora de los planes de estudio y los contenidos de las titulaciones, al margen de intereses corporativos y las capillitas docentes o políticas. El reto es difícil, pero no imposible.

Esta semana el rector en funciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, que mañana lunes tomará posesión del cargo para un nuevo mandato tras ganar las elecciones al rectorado, lanzó un mensaje a los nuevos licenciados: "No basta con tener talento, hay que ser extraordinarios". Regidor hacía referencia a la dureza de la competencia en todos los ámbitos profesionales y a la necesidad de una formación continua para destacar en un mundo tan competitivo. "En una etapa de crisis, para renovarnos, tenemos que innovar, y ustedes tienen esa responsabilidad", agregó. Regidor aludía a aquello sobre lo que, por lo demás, existe un acuerdo básico: la diversificación del modelo productivo, aun incluso referida al preponderante modelo turístico, ha quedado lejos de constituir redundantemente un horizonte, y se ha convertido en una obligación para las Islas: si no se cambia el modelo no hay futuro posible. Y las universidades canarias constituyen un camino posible para lograrlo. Eso no significa que no se puedan tocar los presupuestos universitarios ni que se rompan las condiciones de una formación universitaria en igualdad de condiciones independientemente del nivel económico de los alumnos.

Las Islas necesitan un sistema educativo y, en particular, unas universidades públicas en las mejores condiciones. Si esto es válido para toda España, en donde la dependencia del modelo construcción-turismo tocó ya a su fin, mucho más lo es aún en Canarias. Sus niveles de exposición al monocultivo productivo, desempleo y baja formación, sumados a los sobrecostes derivados de la lejanía y la insularidad en materia de formación, convierten a las universidades públicas, y lo que éstas representan en relación con una nueva economía, en la piedra angular de todo plan contra la crisis. Por eso los recortes directamente aplicados, primero, al Campus Atlántico Tricontinental de Excelencia de las dos universidades canarias, y ahora a la formación superior convencional, no deben llevar a la resignación sino a la superación. El Campus Atlántico Tricontinental ha sido la primera ocasión en que las dos universidades canarias no sólo colaboran abiertamente entre sí sino que se involucran en los grandes retos sociales, productivos y económicos de las Islas. Es también la primera vez que tales retos, además, otorgan un papel medular a dichas universidades. Del mismo modo lo es que la proyección tricontinental de las Islas -las vinculaciones con América, sobre todo, y con África- se sustancia en una relación específica y útil para el Archipiélago en muchas décadas, relanzando una inserción isleña en la era global que pasa por la alta especialización.

El nuevo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria asume a partir de mañana un nuevo mandato en unos tiempos difíciles, no solo marcados por la crisis económica sino por el debate sobre el nuevo modelo de sistema universitario, que en ningún caso puede poner en cuestión la universalidad ni servir de filtro para la discriminación económica de los alumnos más capacitados pero sin recursos para pagarse sus estudios ya que de ser esto así se restaría con ello posibilidades no sólo a jóvenes capacitados pero sin dinero suficiente para pagar las matrículas y la estancia en los centros y, por lo tanto, al principio de igualdad de oportunidades y cohesión social, sino que con ello se comprometería el futuro de las Islas. Sin el talento de los jóvenes más capacitados, emprendedores, y preparados de la sociedad canaria no existiría otra Canarias, que no se puede desplegar si no respalda, en especial, a aquellos que no pueden formarse y mejorar sin la cobertura de una enseñanza pública. Sin conocimiento no hay futuro, insisten las autoridades académicas. Esa es la lección que debemos aprender todos, Gobierno, las universidades canarias y los propios alumnos.