Apuntes

La historia siempre devuelve la pelota

07.02.2014 | 23:00

Una de las características de la historia es que siempre devuelve las pelotas; nunca se quedan en el tejado. Resbalan hasta el suelo. La verdad es como una mosca cojonera, revolotea entre un zumbido como el de los 'stukas' cuando se lanzaban en picado para soltar la bomba. Todo lo que sube, acaba por caer. Y es este principio inmutable el que está desplomándose sobre el Partido Popular, a pequeñas diócesis, perdón, dosis, no sé en qué estaría pensando.

El ''argumentario'' que desde Génova se distribuye puntualmente, y que otros con más conocimiento de la gramática llaman 'arengario', ha salido raudo al paso de la Audiencia de Madrid que ratifica el auto del juez de Instrucción nº 4 y archiva la denuncia por 'escrache' a la vivienda de la vicepresidenta en medio de la oleada de desahucios y del engaño masivo de las 'preferentes'. Dicen los jueces que solo se trataba de una forma de la libertad de expresión, porque "el vocerío de consignas y la agitación de pancartas no es violencia".

El Partido Popular descalifica lo que considera una decisión política carente de racionalidad y proporción, y expone para ello que uno de los magistrados, que era asesora de Bibiana Aído, denunció desde ese cargo una estrategia de acoso contra la ex ministra. Hasta ahí, impecables los hechos narrados. Pero como todas las sentencias, y las gotas de agua -no es cierto que sean exactamente iguales; por mucho que lo parezcan su composición molecular es distinta- cada una tiene sus características propias.

El 'escrache' - un argentinismo de reciente importación- a Sáenz de Santamaría se limitó a una concentración frente a su domicilio en un momento de máxima tensión de la campaña social contra una política del Gobierno, en la que ella era y es la mano derecha de Mariano Rajoy, que dejaba en la calle a miles de personas, desahuciadas por no poder hacer frente a las deudas contraídas desde la situación de paro y la retirada de todo tipo de ayudas sociales. Esta circunstancia es lo que justifica que los jueces lo consideren la práctica, con todas las peculiaridades que se quieran, del derecho fundamental que ampara a los españoles a expresarse libremente.

Nada que ver con el acoso a que se sometió desde la ultraderecha y el meapilismo nacional a la ministra de Igualdad de Zapatero, impulsora de la actualización y simplificación de la ley de abortos mediante el sistema de plazos. Se le enviaban muñecos a su casa como si fueran bebés muertos, se la insultaba ante sus profesores y compañeros, se le mandaban cartas amenazantes, se cercaba la casa de sus padres... No era una protesta puntual sino una estrategia acosadora calculada.

El problema de fondo es que nunca se suelen tener en cuenta las consecuencias de los actos. Pongamos algunos ejemplos de 'escraches', insultos y hasta agresiones procedentes de una derecha 'episcopaliana' que buscó ciegos compañeros de viaje para las masivas intoxicaciones contra la política socialista sobre la lucha antiterrorista y el final de ETA y la ley del aborto. Primero: todas las apariciones públicas del presidente Rodríguez Zapatero en el desfile del 12 de Octubre estuvieron acompañadas de abucheos que interrumpieron hasta el silencio de respeto en el homenaje a los caídos por España. El flamear de banderas preconstitucionales, las del aguilucho, acompañó la agresión que sufrió el ministro José Bono en enero de 2005 por unos exaltados en una movilización 'soplada' desde el PP y convocada por la asociación de víctimas del terrorismo. Los agresores fueron absueltos. Por cierto, que la AVT, utilizada por Rajoy como carne de cañón contra 'el mundo de ZP', se ha virado ahora contra quien la utilizó, porque todas las promesas fueron simplemente una burda táctica.

No es justo, entonces, tratar de comparar dos situaciones distintas, y cortar por el camino de en medio diciendo que "cuando lo hace el PP es de nazis y cuando lo hace el PSOE es democracia", porque además se falsea la mayor: los 'escraches' fueron protestas surgidas del cabreo ciudadano por una política de maltrato a trabajadores y clases medias. Y tanto lo fueron, que el Ministerio del Interior y el de Justicia a partir de esa comprobación de indignación creciente tratan de impedir la respuesta desde la calle: Ruiz Gallardón, con una ley de desaforadas tasas disuasorias; y Fernández Díaz, con una ley de orden público endurecida, que camina en dirección contraria al acervo europeísta.

Lo que han reiterado los jueces una vez más, es que los gobernantes no pueden hacer lo que quieran, ni acallar la crítica ni impedir la expresión de la pluralidad. Estos equívocos se acabarían si los políticos tuvieran que pasar un test constitucional como los de tráfico para el carné de conducir.

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