El proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que ha aprobado el Gobierno para su remisión a las Cortes es para echarse a temblar, y eso no es una prueba de su invalidez sino, precisamente, de su ineficacia. Aún no ha sido debatido parlamentariamente y ya nos causa nerviosismo. Recuerdo los gritos e imprecaciones que en su día produjo la llamada ley Corcuera y, comparándola con el actual proyecto legislativo, parecía el reglamento de un parvulario. Cuando el Tribunal Constitucional echó por tierra los artículos más conflictivos, el ministro del Interior presentó su dimisión. Qué tiempos aquellos en los que el presidente del Tribunal Constitucional no tenía carné del partido que ocupaba el poder y un ministro del Interior era capaz de dimitir si se le afeaba la conducta democrática y jurídicamente. Fernández Díaz no dimitirá si Dios no se lo pide. Personalmente. En cambio usted no se librará de hasta seis horas de retención si la policía lo decide así. Nada menos que seis horas para identificarlo a usted, el tiempo suficiente para operarle de una peritonitis mientras un experto en heráldica de la Guardia Civil le diseña el árbol genealógico. La disolución de una manifestación -no su vigilancia o el control del orden público, sino la decisión de disolverla inmediatamente- dependerá exclusivamente de un criterio policial y se aumentan las multas hasta convertir las manifas de protesta en un lujo al alcance de pocos bolsillos: al final serán Emilio Botín y demás caballeros del Ibex 35 los únicos que podrán disfrutar de la vibrante experiencia de manifestarse por el desempleo, el colapso de los servicios públicos, las privatizaciones mafiosas, los feroces recortes presupuestarios o la rampante corrupción política.
Este proyecto de ley comenzó su aciago recorrido hace año y medio, cuando las protestas y mareas ciudadanas parecían alcanzar su cenit, pero les aseguro que no responde a una estrategia política ya anacrónica, porque (bien lo saben los que manejan información sensible) el malestar social y la desafección al sistema institucional en absoluto son fenómenos en retroceso. Apenas han cogido resuello en un país cuya testaruda realidad se niega a reconocer los cuentos de la recuperación económica y el final de la recesión y en el otoño Cataluña será una comunidad a punto de celebrar un referéndum independentista. De esta derecha no cabe esperar ningún impulso de reformismo que ponga en cuestión, precisamente, sus vidas y haciendas políticas, sino precisamente esto: un paso más hacia la degradación democrática, un cierre de filas, un reajuste hacia un modelo autoritario en su praxis cotidiana y en el ordenamiento jurídico.
