Canarias no consigue siquiera comenzar a despegar en la creación de empleo. En el tercer trimestre del año más de 5.400 isleños se incorporaron a las listas del paro. En las islas 362.000 personas carecen de un puesto de trabajo: más de un 33% de la población activa. Más de 100.000 han agotado ya el subsidio de desempleo o malviven con una miserable renta de inserción. La brecha social sigue aumentando y los comedores de las organizaciones no gubernamentales están desbordados. Ya es agotador repetir que esta situación aterradora -apenas pueden encontrarse regiones en la Unión Europea con semejantes cifras y porcentajes- no solo significa un altísimo sufrimiento social en el presente, sino que hipotecan cruelmente el futuro a medio y largo plazo. La pobreza tiene un precio oneroso en términos de salud económica y cohesión social. La pobreza, por paradójico que resulte, sale muy cara, de la misma manera que una desigualdad rampante representa una disfunción económica y, al cabo, un pésimo negocio. Sin unas clases medias estables no existe consumo, sin demanda interna se paraliza la actividad económica y las empresas -en estas ínsulas generalmente diminutas y financieramente frágiles- desfallecen. Canarias está ya muy cerca de trasformarse, simplemente, en un país inviable. En una comunidad autonómica fallida. Si un régimen político y administrativo es tan obviamente incapaz de garantizar un nivel de empleo tolerable, cohesión social y servicios públicos eficaces, ¿cuál es su justificación, cuál puede ser su legitimidad, qué contrato social está cumplimentando?
La economía canaria creció entre 1996 y 2008 gracias a la construcción y al negocio inmobiliario y a la actividad turística, pero igualmente -y quizás con un mayor impacto directo- a la inversión de fondos del Estado español (a través de los presupuestos generales del Estado) y de la Unión Europea (proyectos y programas comunitarios). Ha sido la paralización casi total de la construcción y la brusca interrupción del maná presupuestario lo que nos ha conducido a esta situación infernal. Y el Archipiélago no tiene músculo económico, empresarial y crediticio propio para afrontarla. La única vía racional consistiría en aunar inteligentemente tres esfuerzos: un amplio plan de inversión pública y privada, una liberalización de corsés legales y reglamentarios para que la iniciativa económica se abra paso y liquidar así chiringuitos y clientelismos bastardos y una racionalización de las administraciones públicas que priorizara los servicios sociales y, en particular, la enseñanza y la sanidad públicas. Por penúltima vez: esto no va a escampar. El cerril tancredismo de las élites políticas y empresariales canarias es suicida.
