Hace poco más de una semana, se podía leer en la prensa: "Doce comunidades autónomas contra las reválidas de la ESO y el bachillerato de la Lomce y cinco, las gobernadas por el PP, a favor". Además, y dos huevos duros diría Felipe González, "la mayoría de responsables educativos, entre ellos la consejera canaria Soledad Monzón, exigió la retirada de las evaluaciones".
Salvo vaguedades, sin una explicación suficientemente razonada, no es fácil encontrar las razones pedagógicas que llevan a esta, a mi entender, poco razonable oposición a un control del Estado. Sí se encuentran, de forma solapada pero evidente, razones sindicales e intentos de evitar una razonable evaluación objetiva de la calidad del sistema educativo.
Algunas preguntas retóricas iniciales, ¿se podría plantear como razonable que alguien, en su sano juicio, confiara el control de la caja sólo al cajero? ¿Se aceptaría como correcto que los directivos de una empresa certificaran, con plena validez jurídica, que sus productos cumplen con las normativas? ¿Se aceptaría sin ningún otro control a posteriori, que la declaración de hacienda hecha por un asesor fiscal obliga al estado a aceptarla como correcta? Si la respuesta a todas estas preguntas fuera afirmativa, sobrarían los auditores o interventores, los certificadores de calidad, los funcionarios de consumo, o los inspectores de hacienda. Estaríamos instalados en el buenismo y la arbitrariedad más absoluta.
Soledad Monzón afirmó con esa rotundidad que los políticos usan cuando hacen populismo y tienen excitado el celo electoral: "Hemos exigido que no haya reválidas el próximo curso" y criticó que el ministerio "insista en vincular las pruebas y la titulación". En parecidos términos se mostraron otros consejeros autonómicos, a quienes también les parece un disparate el desarrollo legislativo de lo que el Parlamento de España aprobó.
Es de suponer que algunos navegamos contracorriente y no aceptamos que lo políticamente correcto sea una verdad revelada. Más bien suele ser pura demagogia proclamada de forma tan solemne que aterroriza el razonar sobre ella y, en su caso, oponerse sin ser tratados de no progresistas, peor aún que una maldición satánica. Por eso, conviene recordar a la oposición que una mentira repetida mil veces no hace una verdad. En el mundo civil, no en el político.
Conviene recordar que para que un título académico, o algo similar, tenga valor real y sea reconocido como bueno, es necesario que quien lo certifique lo haga con las garantías de objetividad, universalidad y trasparencia, primando los méritos y capacidades de los alumnos. Sin dudar de la entrega, vocación y seriedad de muchos profesores, es evidente que la administración debe establecer un mecanismo de control válido en todo en territorio nacional, para comprobar si los estudiantes han alcanzado el nivel exigido de conocimientos. Y si no lo alcanzan, no deben titular para no devaluar el título, por más que les pueda estropear las estadísticas a los mandamenos de la cosa local o autonómica. Y ese, no otro son y fueron las reválidas, cuyo nombre viene a resaltar la idea de que se vuelven a valorar los conocimientos. Son las auditorías objetivas del sistema.
Establecerlas no es dudar de la capacidad del profesorado, o de los centros en su conjunto, sino ejercer obligación democrática del Estado de auditar lo que hacen sus funcionarios y certificar a padres y alumnos que se cumplen los objetivos que tanto dinero público cuestan, en medios materiales y en sueldos del personal docente y del ocupado en otras funciones.
