El pasado diciembre el consejo de administración de Emalsa aprobó presentar una querella contra el exinterventor municipal Rafael Bolívar "por la comisión de un delito continuado de falsedad en los diversos informes emitidos" y por el "delito de prevaricación administrativa". En el consejo de administración de Emalsa la mayoría la componen los representantes de los socios privados (Valoriza Sacyr y SAUR Internacional), que controlan el 66 % del capital. En representación del Ayuntamiento, que tiene el 34% restante, son miembros del consejo de administración el concejal de aguas Roberto Santana (PSOE), el segundo teniente de alcalde Pedro Quevedo (Nueva Canarias), el primer teniente de alcalde Javier Doreste (LPGC Puede) y el alcalde Augusto Hidalgo (PSOE), que es a su vez el presidente del consejo de administración de Emalsa. En la votación sobre la conveniencia o no de presentar la querella citada, votaron a favor los consejeros en representación de las empresas privadas y se abstuvieron los cuatro en representación del Ayuntamiento. Aunque fuera por guardar las formas y teniendo en cuenta que solamente con los votos de los consejeros en representación de los socios privados ya se habría aprobado la presentación de la querella, los representantes municipales deberían haber votado en contra. Pero no solo no fue así, sino que el alcalde -hablando como presidente de Emalsa y siendo el que anunció la presentación de la querella- declaró: "No descarto la apertura de un expediente informativo" a Rafael Bolívar y la "adopción de medidas de carácter disciplinario contra él".
Además, para justificar la abstención de los concejales del gobierno tripartido municipal en el consejo de administración de Emalsa, el alcalde añadió: "Puede resultar duro que no apoyemos al funcionario, pero no podemos oponernos y mirar para otro lado ante la posibilidad de que haya cometido dos delitos". O sea, que el alcalde Augusto Hidalgo, basándose en un informe encargado y pagado por Emalsa a un bufete internacional contra el exinterventor municipal, se tira a la piscina aseverando no descartar la apertura de un expediente informativo, la adopción de medidas de carácter disciplinario y no votando en contra en el consejo de administración ante la posibilidad de que Bolívar hubiera cometido dos delitos. Me pregunto ¿cómo se le habrá quedado el cuerpo al alcalde después de la noticia que dio el pasado 15 de julio La Provincia? Según parece, el Juzgado de Instrucción nº 8 rechazó la denuncia presentada por Emalsa, decretando su inadmisión a trámite el 1 de junio, sin necesidad de tomar declaración a Bolívar y sin practicar diligencias de investigación.
Emalsa ha recurrido el auto de archivo ante la Audiencia Provincial y la Fiscalía ha solicitado la desestimación del recurso. La Fiscalía le envía un par de recados a Emalsa, y a su consejo de administración, que fue el que aprobó presentar la querella contra Bolívar. Por un lado dice que "no existe la más mínima justificación" -para admitir a trámite la querella- ya que la falsedad alegada solo se apoya en valoraciones de Emalsa. Pero hay otra información a la que hace mención la Fiscalía, y que es posiblemente el origen de la querella. Emalsa no menciona en su demanda ni en el recurso que Rafael Bolívar está propuesto como perito en la causa abierta contra la empresa por supuesto fraude societario. De esta forma, se intenta desacreditar los informes de Bolívar como perito en el pleito principal. El pleito principal se basa en la investigación del Juzgado de Instrucción nº 6 a instancias de la fiscal delegada de Delitos Económicos, Eva Ríos, que se querelló contra 15 consejeros y directivos de Emalsa en octubre de 2013. En las 47 páginas de la denuncia de la fiscal, se tratan todos los temas candentes que han ido saliendo en los últimos años, desde las retribuciones abonadas a los directivos en representación de los socios privados -en forma de "prestaciones especiales"- hasta el importe del alquiler de la sede de Emalsa (se pagaban 28 euros/metro cuadrado mientras el precio en la zona oscilaba entre 10 y 14 euros/metro cuadrado), y el contrato de Emalsa con Sercanarias y sus peculiaridades como por ejemplo actualización del IPC en septiembre de 2010 con incremento del 8% cuando debía ser por el 0,8 %.
Estos y otros asuntos hacen que la fiscalía vea una "gestión desleal de Emalsa, por parte de los socios privados [?] que habría implicado un perjuicio no solo para el socio público [?] sino también para los ciudadanos, teniendo en cuenta que Emalsa se financia a través del precio del agua".
Estoy seguro de que Augusto Hidalgo, tanto por ser alcalde como por ser presidente del consejo de Emalsa, se habrá leído el auto decretando la inadmisión a trámite de la querella que aprobó el consejo de Emalsa, así como el escrito de fiscalía desestimando el recurso. Y por si no entiende algo, le recomiendo que le pida a los servicios jurídicos municipales la copia de la denuncia de la fiscal delegada de Delitos Económicos. En sus 47 páginas hallará muchas de las respuestas a las palabras que dijo a los medios para justificar su abstención (y la de los restantes concejales, como consejeros de Emalsa), sobre la apertura de expediente, la adopción de medidas disciplinarias, etc., contra Rafael Bolívar.
Conociendo el proceder de Emalsa (y de sus accionistas mayoritarios), imagino que van a recurrir hasta la última instancia (no en vano utilizan nuestro dinero para ello) para intentar que su querella contra Rafael Bolívar progrese. Pero por ahora van camino de seguir perdiendo recursos, cosa que me alegra. Imagino que no le alegrará tanto a nuestro alcalde, que debería estarse comiendo sus intempestivas palabras contra Rafael Bolívar, al que, por cierto, el Ayuntamiento cesó como responsable de la Unidad Técnica de Aguas al mes del anuncio de la querella frustrada. ¿Casualidad?
(*) Exconcejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
