Las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad contabilizan a día de hoy 35 las víctimas de violencia machista, pero los medios de comunicación, las redes sociales y distintas organizaciones sociales recogen hasta 38 mujeres asesinadas, más que en todo 2010 y casi la mitad que en 2016. Este año, además, la violencia machista ha acabado con la vida de seis menores de edad, un número que no se veía desde 2013 y que ya multiplica por seis el total del año pasado.
Un Estado de Derecho, como el nuestro, se autorregula con la Ley y se caracteriza por la división de poderes (legislativo, judicial y ejecutivo). Así los tribunales garantizan su autonomía e independencia.
En coherencia, desde las administraciones públicas debemos mantener absoluto respeto a todas las decisiones judiciales pero, también debemos recordar, como lo ha hecho la asociación de mujeres juezas de España (AMJE) entre otras organizaciones, la importancia que tiene la utilización de la perspectiva de género como elemento transversal inspirador e informador, tanto de las normas jurídicas como de su interpretación y aplicación.
En estas últimas semanas del mes de agosto, la sociedad se ha hecho eco del proceso de una mujer, madre de 2 menores, a la que actualmente se procesa por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y por retención ilícita de sus hijos. Por esto último podría ser condenada a hasta cuatro años de cárcel y a la inhabilitación para ejercer de la patria potestad durante un periodo de hasta 10 años.
Este caso, que ha generado tanta repercusión mediática, ha recibido el respaldo público de agrupaciones en defensa de la mujer y colectivos feministas, así como pronunciamientos de apoyo en el ámbito político y cargos públicos (declaraciones de Mariano Rajoy, presidenta de CCAA Andalucía, entre otros), tanto en la calle como en redes sociales. Paralelamente, en defensa de su exmarido han salido algunas plataformas en favor de la custodia compartida.
Hoy, hablamos de Juana Rivas, pero existen muchos otros casos similares en el completo anonimato. Solemos obviar que existen menores que, como ya establece la normativa nacional e internacional, como el Convenio de La Haya, son víctimas de violencia de género, en tanto testigos y/o víctimas directas e indirectas de las situaciones vividas en el seno familiar.
Entendemos que los tribunales españoles han llevado a cabo una actuación diligente y proporcionada, con exquisito respeto a nuestro ordenamiento interno y a los convenios internacionales, que como señalamos, nos obligan. No obstante, nos debemos una seria reflexión, en la que sería conveniente valorar, como señalan también algunas organizaciones de juristas en nuestro país, si el Convenio de La Haya debe actualizarse y contemplar alguna excepción a la reintegración de los menores sustraídos en supuestos de malos tratos (u otros) cuando la víctima, una vez reconocida como tal, no tenga arraigo o protección en un entorno cercano. Y tener presente, que el Estado tiene la obligación de proteger a los niños y las niñas de maltratos y agresiones, sin olvidar que por encima de la familia patriarcal se encuentran los derechos de la infancia.
