Los responsables de la ley de Televisión Autonómica de 2014 cometieron un asombroso error: tejer el traje de una televisión pública para una cadena que, en realidad, es una empresa de capital mixto. Porque el modelo de gestión económico-financiero de la tele canaria desde su fundación de público tiene poco más que el nombre. Los más ancianos del lugar recordamos que la decisión de entregar a un operador privado la producción de los servicios informativos, por ejemplo, se defendió con argumentos básicamente económicos: la tele canaria sería mucho más barata que los monstruosos engendros que funcionaban y funcionan en Cataluña o en Andalucía -y en menor grado en Valencia o Galicia- y que han devorado miles de millones de euros desde los años ochenta. En términos presupuestarios es estrictamente cierto. Es una televisión más barata. Pero no es una televisión mejor gestionada, ni una televisión con un capital material y tecnológico propio, ni una televisión que (salvo breves periodos y nunca muy satisfactoriamente) haya cumplido con la mayor parte de sus objetivos fundacionales. Como ejemplos, divulgar la producción cultural isleña o contribuir a la creación y mantenimiento de un tejido de empresas audiovisuales en el Archipiélago desde criterios estrictos de solvencia profesional y creatividad artística.
En cambio, Ruano y Fajardo le compraron a la televisión un disfraz de BBC creando un consejo de administración con renovadas y amplias facultades entre cuyos miembros se elegiría el presidente de la corporación. La promulgación de la ley se aceleró vertiginosamente para que la previsible entrada de nuevos partidos en la Cá-mara regional no causara problemas. Por supuesto que lle-garon. La colisión entre consejeros, partidos políticos, presidente de la tele y los intereses escualos del operador que se mece en la cuna acolchonada de billetes de un concurso fallado hace ya nueve años han causado un problema mayúsculo inextricable, maloliente, irreparable. Entre tanto no conozco, nadie conoce, una mínima reflexión pertinente sobre el modelo de televisión pública que necesita este país. El concurso debe convocarse. Pero inmediatamente después del fallo y la licitación, si se quiere que Canarias cuente con una tele-visión pública y no con un pudridero de esperanzas, cansancios y cinismo, las fuerzas parlamentarias deben asumir responsablemente un debate que permanece congelado hace casi veinte años. El equilibrio entre la televisión necesaria y la televisión posible desde la prioridad de los intereses públicos y abriendo espacios de colaboración con las empresas privadas.
