"Es un pésimo día para la educación", aseguró ayer el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero autonómico del área, José Miguel Pérez. Su afirmación coincide con la aprobación del plan de ajuste del Ejecutivo del PP para la educación pública, con un recorte previsto de 3.700 millones de euros. Pérez lamentó que haya normativa "de obligado cumplimiento" para las comunidades autónomas y citó el peor ejemplo: la subida de las tasas universitarias en un 42%, lo que significa un aumento de entre 221 y 331 euros.

El consejero canario de Educación y Universidades explicó que si un alumno de Humanidades paga ahora en torno a 517 euros por curso, "a partir del próximo año tendrá que pagar 738 euros", mientras que en las titulaciones con mayor coste pueden pasar de "abonar 806 euros al año a 1.137 euros".

Desde que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunciara la intención del Gobierno central de elevar los precios públicos para cursar una carrera, muchas han sido las voces que se elevaron en contra de la medida. Pero más allá de la subida, tanto las comunidades autónomas como los rectores mostraron sus dudas acerca de la nueva horquilla que fijaría el Estado: en función del coste de la carrera. Son los gobiernos autónomos los que tienen la competencia para definir el precio que deben pagar los estudiantes por matrícula, por lo que la disparidad del coste en una misma titulación en función del territorio es muy elevada.

"Al final el Gobierno de España ha realizado una media del coste muy poco rigurosa", criticó ayer José Miguel Pérez. Los cálculos del Ministerio de Educación dejan al sistema universitario canario en situación de desventaja con respecto al resto, puesto que los precios de matrícula en las Islas eran hasta ahora los más baratos de todo el territorio nacional. "A un alumno que se quiera matricular por primera vez en una de las dos universidades del Archipiélago le costará entre un 40 y un 42% más", dijo el consejero.

De hecho, José Miguel Pérez incidió en que el Gobierno canario ajustará el precio de las tasas universitarias dentro del mínimo de la horquilla fijada por el Ministerio de Educación, compromiso del que resultan las cifras aportadas ayer.

Crítica

Además, el vicepresidente del Ejecutivo autónomo criticó que la prioridad del Gobierno estatal no sean los estudiantes, como demuestra también el incremento de los requisitos académicos para la obtención de becas.

Ante esta situación, Pérez insistió en que el objetivo del Gabinete de Paulino Rivero es minimizar las consecuencias entre el alumnado y los docentes, para los que también se prevén modificaciones.

En ese sentido, el consejero de Educación y Universidades informó de que ya se ha formado una comisión de estudio con los responsables de las dos universidades del Archipiélago "para analizar la situación y ver de qué paquete de recursos se puede prescindir. Estamos de acuerdo", prosiguió José Miguel Pérez, en que "la prioridad son los estudiantes".