La Coalición por el Derecho a la Sanidad de Canarias, integrada por CEAR, Amnistía Internacional y Cáritas, entre otros, rechazó ayer la creación de un registro de inmigrantes irregulares para ofrecerles cobertura sanitaria, por considerarlo "sospechoso" y "discriminatorio". En declaraciones a Efe, el portavoz de esta coalición de organizaciones sociales, Osmar Fontanilla, advierte de que obligar a los inmigrantes a inscribirse en un registro así como requisito previo a recuperar la asistencia sanitaria pública, como plantea el Ministerio, constituiría "un elemento disuasorio" para que estas personas, que "no irían a apuntarse por simple miedo". Este colectivo de ONG entiende que con ese decreto de hace tres años el Gobierno del Partido Popular "se metió en un cenagal del que ahora no sabe todavía como salir".
