Las empleadas públicas víctimas de la violencia de género tienen desde el día de ayer, el derecho a la movilidad del puesto de trabajo. El Gobierno de España "ha tenido en cuenta la necesidad urgente de trasladarse de las mujeres que sufren la violencia en su entorno y facilita, de esta forma, que puedan incorporarse a su trabajo cuanto antes y recuperar la normalidad socio-económica", según una nota emitida por el Ministerio de Hacienda. La medida está prevista en el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes 20 de noviembre y entró en vigor ayer, tras la firma de la Resolución de 25 de noviembre de 2015 de la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas, por la que se establece este procedimiento de movilidad que hace efectiva la protección y el derecho a la asistencia social integral. LA PROVINCIA
