"Iniciar la vida en un país con una deuda no es el mejor de los comienzos", alertó ayer Javier Jerez, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), sobre las facturas que deben pagar los inmigrantes irregulares por ser atendidos, incluso, en aquellas excepciones más extremas establecidas por el real decreto, como son Urgencias, mujeres embarazadas o menores de edad.
Los portavoces de las ONG recordaron ayer que mantener una deuda con la administración pública paraliza inmediatamente el proceso de normalización jurídica de estas personas en situación administrativa irregular. "Las ONG presentamos una declaración de insolvencia, esto es, evidenciar que esta persona carece de medios para hacer frente a esta factura", explicó Jerez.
Así sucedió hace seis meses con Hassan El Asry. "Me rompí el tendón de Aquiles y me pasaron una factura de 2.400 euros y no la he pagado", comentó ayer este inmigrante que conoce las múltiples trabas burocráticas que conlleva este cobro pendiente a la hora de conseguir los ansiados papeles.
Por su parte, el cubano Rodolfo Sopo reconoció ayer que vive en una situación de "exclusión social", ya que, pese a disponer de un visado de reagrupación familiar, le exigen la contratación de un seguro privado para tener acceso a la asistencia sanitaria.
En opinión de Elena Cáceres, portavoz de la organización Médicos del Mundo, la facturación por recibir servicios sanitarios establecidos como gratuitos se debe a que la aprobación de la norma creó "una gran confusión" entre los profesionales porque, entre otros motivos, "el Estado no fue claro" a la hora de exponer la reforma.
En cuanto a los supuestos beneficios económicos del cambio en la universalidad de la sanidad, las organizaciones no gubernamentales aseguran que se ha demostrado que "no se ha ahorrado nada".
