El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado en términos generales la constitucionalidad del Real Decreto 16/2012 por el que el Ministerio de Sanidad dejó sin tarjeta a los inmigrantes carentes de permiso de residencia en España desde septiembre de ese año. Esa medida, tomada por el departamento comandado entonces por la ministra Ana Mato generó una importante polémica, por cuanto desde detrerminados sectores se interpretó que podía conculcar el derecho de igualdad consagrado en la Constitución. Ahora el TC se manifiesta al respecto validando aquella medida.
La resolución, que aún no ha sido notificada, es el resultado de la votación, que se produjo durante la sesión plenaria del pasado jueves, por ocho votos frente a tres. Una vez se incorporen a la misma los votos particulares de los magistrados que se posicionaron en contra de la opinión mayoritaria, será notificada.
El Constitucional responde de esta manera a un recurso del Parlamento de navarra contra la normativa que entró en vigor en septiembre de 2012. El tribunal considera que estos recortes no vulneraran la Constitución en el contexto económico en el que fueron adoptados.
Desde la aprobación de esta norma, Médicos del Mundo afirma que más de 800.000 personas han perdido el derecho a una asistencia sanitaria. En Canarias se calcularon entre 40.000 y 52.000 personas, pero la Consejería de Sanidad redujo drásticamente esta cifra a entre 7.500 y 10.000 el pasado mes de diciembre, cuando anunció que se le devolvería la prestación sanitaria a estas personas en las Islas.
Impulsada por la exministra Ana Mato, la medida formaba parte de una reforma sanitaria que busca garantizar "un mayor control y transparencia" de la cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con cargo a fondos públicos.
La retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares ha contado desde su entrada en vigor con el rechazo del resto de partidos políticos, algunas comunidades autónomas como canarias, Cataluña Andalucía y País Vasco, así como profesionales sanitarios y organizaciones sociales. De hecho, las diferentes comunidades, muy en especial las no gobernadas por el PP, fueron implementando medidas para suavizarla, hasta que, en el caso canario, quedó en la práctica sin efecto el pasado mes de diciembre, con la publicación de una orden que les devolvía la atención sanitaria.
La asistencia sanitaria a la que en Canarias tienen acceso a día de hoy estas personas es la incluida en la cartera común del Sistema Nacional de Salud, esto es, prestaciones de salud pública, atención primaria, atención especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica, prestación de productos dietéticos y de transporte sanitario. En el caso de la prestación farmacéutica, deberán aportar el 40% del precio del medicamento; cantidad que será del 10% en los pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, con el máximo que se fije para el resto de los asegurados y beneficiarios del SNS.
No obstante, la próxima sentencia del Constitucional despeja cualquier duda acerca del reembolso por prestaciones que se pudieran solicitar con carácter retroactivo por alguna de estas personas.
