Rafael Robaina, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), defendió ayer el status laboral de los investigadores predoctorales de su centro frente al plan del Ministerio de Trabajo, que pretende modificar los contratos de los científicos para que cambien de categoría: pasar de obras y servicios a prácticas. "Apoyo este tipo de vinculación laboral porque la base de la investigación en este país es el contrato predoctoral, nutre nuestros laboratorios", subrayó Robaina tras la celebración de una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la institución que dirige.

"Desde los años 80", recordó el rector de la ULPGC, "cuando yo era uno de esos investigadores, están agrupados en un estatuto diferenciado. "Y deben tener un consideración mayor que la de becarios. Hay que dignificar la figura y eso no se logra con un contrato en prácticas", añadió Robaina.

El catedrático en Ciencias del Mar advirtió, como ha denunciado Comisiones Obreras (CC OO) que "el cambio de categoría parece sutil, pero puede traer consecuencias en la cobertura de seguros o al incorporarse al mercado de trabajo". Robaina agregó que "hay que abogar por la creación de contratos específicos para investigadores, tanto pre como postdoctorales y si la figura no existe en la legislación actual pues habría que incluirla".

La ULPGC, de momento -y al contrario que otros centros- ha optado por desoír al Gobierno y no ha precarizado los contratos predoctorales, aunque como el propio Robaina apuntó ayer "haré lo que me obliguen a hacer los jueces o el ministerio". "Ahora", puntualizó, "estamos analizando esa parte para ver si la normativa es o no de obligado cumplimiento".

La medida, acordada por la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo a finales de 2015, fue transmitida a los distintos centros universitarios españoles para su implantación y supone la erosión de importantes derechos de los afectados, como -por ejemplo- la pérdida del derecho a indemnización al extinguirse la relación laboral o la del derecho a una tarjeta sanitaria europea.

Denuncia de CC OO

Comisiones Obreras (CC OO) ha presentado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad una denuncia contra el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las universidades canarias en relación con los contratos predoctorales de investigación, que en España perjudican a unos 9.000 contratados.

El secretario de Universidad de CC OO en Canarias, Alberto Marín, apuntó ayer a Efe que las denuncias han sido presentadas en Granada y Canarias y se ha mostrado de acuerdo con los rectores de las universidades españolas (CRUE), quienes han reclamado que se establezca una regulación laboral específica para el personal investigador temporal.

Explicó Alberto Martín que los últimos cambios realizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad social perjudican a quienes tienen contratos predoctorales de investigación porque no pueden acceder a la tarjeta sanitaria europea.

Otro perjuicio es que al terminar el contrato no pueden volver a tener otro en prácticas con una empresa privada, algo que, según se señala en un comunicado de CCOO, perjudica en especial a los titulados de ingenierías porque las empresas suelen usar ese contrato para beneficiarse del 50 por ciento en la cotización de la Seguridad Social.

El tercer perjuicio es que quienes tienen contratos predoctorales de investigación pierden el posible derecho a cobrar indemnización por finalización de contrato, pues los contratos en prácticas están excluidos de esa posibilidad.

Alberto Marín criticó que desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social no se han explicado los motivos por los que se han hecho los cambios que afectan a los investigadores con contratos temporales.

Este colectivo lo integran investigadores postdoctorales que tienen la tesis y hacen investigación de impacto, así como los investigadores por proyectos de investigación con contratos con corta duración para cubrir necesidades puntuales, y los predoctorales, con contratos de cuatro años durante los que elaboran la tesis, explica el sindicato.