Profesores, personal no docente, estudiantes y padres secundarán en Canarias la huelga general educativa, convocada este jueves en todo el Estado, para exigir la derogación real de la última ley orgánica del sector después de que el Gobierno central recurriera al Tribunal Constitucional la paralización de la normativa acordada en el Congreso de los Diputados.
"El poder ejecutivo se sitúa por encima del legislativo, lo que solo ocurre en los regímenes totalitarios, algo gravísimo en una sociedad democrática", advirtió ayer Emilio Armas, representante del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (Stec), antes de convocar a toda la población a reaccionar de manera "contudente" contra el Gobierno del Partido Popular. A juicio del dirigente de Stec, integrado en Intersindical Canaria, "hace lo que le viene en gana contra la voluntad de la mayoría del parlamento y no lo podemos consentir, esperemos que la sociedad responda a la altura del momento, que es muy serio y muy complicado".
También desde Comisiones Obreras (CCOO), otro sindicato incluido en la decena de organizaciones convocantes de las protestas en Canarias, apelaron a la implicación en la huelga de todos los sectores, no solo la comunidad educativa, porque "una sociedad que se precie de progresista o que avance hacia el futuro tiene que ser culta y bien educada", valoró Elvira Suárez. "Hablamos de revertir los costes de la educación en las familia, generando la obvia separación entre ricos y pobres, cuando la función de la educación pública es darnos a todos la oportunidad de igualarnos", argumentó Francisco Pérez, de la Federación Insular de Asociaciones de Padres de Alumnos (Apas) Galdós.
Además de la derogación del texto para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la tercera huelga general del sector desde 2012 reclama la elaboración de un nuevo proyecto legislativo surgido de la propuesta de los colectivos de la enseñanza, la reversión de los recortes ejecutados durante los últimos años, el incremento presupuestario o el freno a la privatización. "Es un plan premeditado propio del neoliberalismo del siglo XXI, quieren desmantelar todo lo público para volverlo privado", denunció Antonio Peña, delegado del sindicato Comisiones de Base (Cobas).
Aparte de las reivindicaciones principales, la comunidad educativa aboga por eliminar la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (Ebau), "un parche a la anterior prueba", o las prácticas remuneradas en Formación Profesional y niveles superiores, porque "la inserción laboral tiene que ser en condiciones dignas, no podemos ser mano de obra gratuita", según Daniel Casal, del Frente de Estudiantes.
Demandas canarias
A las exigencias estatales, la comunidad educativa sumó en Canarias otras demandas al Gobierno autonómico como la implantación de un bono de transporte para los estudiantes, la eliminación de la burocracia en los centros, la recuperación de los horarios lectivos y la mejora de las condiciones retributivas. Bajo el lema Ni recortes ni Lomce, Confapacanarias, Cobas, CCOO, Insucan, Federación de Apas Galdós, UGT, Fitapa, Frente de Estudiantes, Sindicato de Estudiantes y Stec llamaron a participar en las movilizaciones convocadas en todas las etapas de la enseñanza pública, desde infantil a universitaria, durante la mañana (11.00 horas) y la tarde (18.00) del jueves en las dos provincias del Archipiélago.
El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, subrayó ayer la "buena voluntad" para trabajar por un pacto estatal sobre la enseñanza en la subcomisión creada en el Congreso. Algunos de los convocantes de la huelga han acudido al debate parlamentario, pero "han aportado poco, desgraciadamente han criticado mucho pero aportar poco", lamentó Méndez de Vigo durante el Foro ABC-Deloitte, según informó la agencia Efe.
Mientras, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública exigió al secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, su "inmediata" dimisión o cese "por irresponsable". Después de que Marín calificara la protesta del jueves como una "irresponsabilidad", según la decena de organizaciones convocantes, "los motivos que condujeron a la huelga se han agravado gracias a la desafortunada actuación del Gobierno en boca del número dos del Ministerio de Educación, que no ha hecho nada por acercar posiciones, sino todo lo contrario", consideró Maribel Loranca, responsable de Unión General de Trabajadores.
