Sindicatos docentes, asociaciones de estudiantes, colectivos sociales y particulares reclamarán al Gobierno de Canarias elevar el año próximo hasta el 4 % del Producto Interior Bruto (PIB) de las islas la inversión en educación, que afirman que ha ido en retroceso en los últimos tiempos.

Incrementar en 266 millones de euros y en medio punto el gasto en enseñanza actual, que equivale al 3,52 % del PIB regional y asciende a unos 1.600 millones de euros, es el objetivo de los promotores de la iniciativa, que entienden que atender a su reclamación es una obligación del Ejecutivo en virtud de la Ley Canaria de Educación, que "no se ha cumplido en absoluto" en materia financiera.

Dicha norma, aprobada por el Parlamento en 2016 a resultas de una iniciativa legislativa popular que empezó a promoverse en 2010 y fue respaldada por 35.000 firmantes, establece que la inversión en educación deberá alcanzar el 5 % del PIB en 2022, según aseguraron ayer.

Una reivindicación que han plasmado en un manifiesto que pretenden que apoye el mayor número posible de ciudadanos a través de una recogida de firmas que arrancó dos semanas atrás y a la que han respondido ya más de 1.500 personas, de acuerdo a datos facilitados por la portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias Yanira Troya. Durante la presentación de la campaña ¡Por un 4 % para Educación ya!, la sindicalista ha subrayado, que entre esos primeros firmantes del documento hay "muchas personas significadas de la sociedad canaria". La recogida de firmas se intensificará estos días en centros de enseñanza, sindicatos y grupos parlamentarios.