La titular del Juzgado de Instrucción 1 de Telde, María Belén Pérez, dictó ayer un auto por el que ordenaba el traslado a un centro penitenciario de Madrid de los diez guardias civiles que fueron detenidos a finales de septiembre en el departamento de Aduanas del aeropuerto de Gran Canaria por la presunta comisión de varios delitos de cohecho.
Los miembros de la Benemérita, que se encuentran en Salto del Negro desde septiembre, llegaron a primera hora de ayer al Palacio de Justicia de Telde a bordo de dos furgonetas, y permanecían en el interior del inmueble pasadas las 14 horas.
Algunas fuentes apuntaron a que los imputados, asistidos por abogados de oficio, podrían haber prestado de nuevo declaración ante Pérez, si bien este extremo no pudo ser confirmado por este medio.
La investigación abierta por la existencia de supuestos sobornos a ciudadanos de países africanos -que llegaban a España con cierta cantidad de dinero para hacer compras y se les requerían pagos anómalos- continúa bajo secreto de sumario. Uno de los aspectos que ha trascendido es que los investigadores no sólo disponen de imágenes captadas a través de una cámara oculta situada este año en el interior de unas instalaciones que el instituto armado tiene en Gando, sino que también podría contar con pinchazos telefónicos. El destino de los guardias civiles podría ser un penal militar de Madrid con el objetivo de velar por su integridad física ante un posible contacto con reos comunes.
