El avance de la auditoría económica del Ayuntamiento de Telde determina que la deuda del municipio asciende hasta los 191 millones de euros sin contar intereses. Carmen Hernández, alcaldesa del municipio, explicó que no se trata de una cifra cerrada porque de forma constante llegan facturas pendientes de pago o sentencias que asfixian aún más al consistorio teldense. "Estamos trabajando para tratar de rescatar al Consistorio de una posible situación de bancarrota", señaló.
De los 191 millones de euros que se adudan, 114 millones corresponden a lo que se debe a las entidades financieras, 33 millones al capital por las indemnizaciones derivadas de las expropiaciones y 44 millones carecen de consignación presupuestaria. Para Hernández, esta "fotografía real y sin maquillaje" de las cuentas municipales retrata la desidia e irreponsabilidad del anterior grupo de Gobierno, encabezado por la exalcaldesa popular Mari Carmen Castellano. Por eso entiende que la nueva ejecutiva de gobierno está "tratando de recoger los escombros" tras el paso de un huracán por las dependencias municipales.
Por otra parte, Castellano niega ese montante de deuda extrapresupuestaria. "Es absolutamente falso que mi gobierno gastara 44 milones de euros fuera de los presupuestos", esgrime, por lo que exigirá que se entregue a su partido un expediente de esta auditoría. "Todo se realizó por consignación presupuestaria y reserva de crédito", sostiene, "salvo casos extraordinarios". En este sentido reconoce que los concejales del PP sí presentaron solicitud por el registro de entrada de determinados pagos de consumo de agua o de facturas de concejalías como Desarrollo Local, Presidencia o Festejos, "pero en ningún momento se llega al medio millón de euros y la interventora impidió que llegaran a pleno".
En octubre de 2011, tras tomar las riendas del municipio, Castellano y Darío López, director del gobierno de Hacienda en aquel entonces, cifraron la deuda de Telde en 188,7 millones de euros. En ese momento recordó, al igual que hace ahora, que el tripartito formado por NC, PSOE y CCN llevó a pleno 15 millones de euros de deuda extrapresupuestaria. Por eso ayer la edil popular exigía al actual pacto que se dedique a gobernar y "no a hacer oposición a la oposición" porque su mandato heredó un pasivo que "únicamente pudo aumentar por tratar de saldar las deudas de la etapa anterior".
Descontrol
Celeste López, concejala de Economía y Hacienda, también estuvo presente ayer en la rueda de prensa de presentación de esta auditoría económica. A su juicio, "da bastante vértigo" la situación actual porque todos los días llegan "sorpresas" que no dan tregua a la delicada salud económica del Ayuntamiento. Según expuso, el colmo de este "descontrol desorbitado" es que dos días antes de la toma de posesión del nuevo grupo de Gobierno tras las elecciones se registró una solicitud de modificación de crédito por unos 120.000 euros por parte del anterior concejal de Festejos, Agustín Pérez. Una cantidad, además, que ha ido aumentado hasta los 200.000 euros por la llegada de nuevas facturas que se encuentran firmadas, en su mayoría, únicamente por el edil y sin el visto bueno del jefe de servicio. Por este motivosubrayó, a su vez, que la intervención municipal tendrá que realizar "una fiscalización de la deuda por conceptos para garantizar su legitimidad". A esta cifra de gasto extrapresupuestario se suma la circunstancia de que esta concejalía empleó durante los primeros cinco meses del año todo el prepuesto de esta área, situación que a juicio de López "asusta e indigna". De otra parte, en esa misma fecha la concejal de Desarrollo Local, Sonsoles Martín, solicitó cobertura para un convenio de las anualidades entre 2001 y 2015 con la Cámara de Comercio, cuyo cambio hace que de 5.000 euros ascienda hasta los 60.000.
Más de 3.000 facturas
Las más de 3.000 facturas que corresponden a los 44 millones de euros sin consignación presupuestaria ocupan 93 páginas. Entre ellas se encuentran las derivadas por el consumo de agua de las dependencias municipales desde julio de 2012, los servicios de limpieza de todo el año pasado o la contratación de abogados externos por 330.000 euros, "con los que no se negociaba ni las minutas", que se suman a los presupuestados por un valor de 600.000. Ante este panorama, Carmen Hernández aseguró que se pondrá en marcha un plan de ahorro y recuperación sin recortar unos servicios básicos que están ya bajo mínimos. Asimismo, aseguró que no se subirán los impuestos y que se tendrá que "depurar responsabilidades".
