El día que Alpidio no fue estrella

Alpidio no llegó. El que vislumbraba que sería la estrella de la primera sesión plenaria tras las vacaciones no quiso para sí los focos. El recién proclamado presidente del Cabildo de El Hierro contraviniendo la directrices del PSC-PSOE, partido al que pertenecía hasta el 10 de septiembre cuando se le anunció su expulsión por impulsar la moción de censura contra la nacionalista Belén Allende, iba a ser el protagonista de una sesión en la que eran bajas anunciadas el presidente Paulino Rivero y el líder de la oposición, José Manuel Soria. El primero habló en Madrid sobre las singularidades canarias ante un foro de economistas y políticos y el segundo cumplía su segundo día en las aulas de Harvard (Massachusetts, EE UU) concentrado en el estudio de la crisis financiera.

Alpidio Armas no llegó, y eso que desde las filas de CC lo esperaban con una pregunta urgente al Gobierno instando a poner fecha a su salida de la corporación herreña, previa sentencia de un juez de lo contencioso administrativo.

Sin estrella mediática el remedio fue Manuel Alcaide. El Diputado del Común se subió al estrado de la Cámara regional para dar cuenta del informe anual de la institución reclamando para sí el protagonismo al asegurar, que tras 10 años en el cargo, esa sería, por fin, su última intervención en la Cámara. Ello, claro, si prospera el acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios para sus sustitución, tras años de intentos en vano y pese a que el hombre, en edad de jubilación, pedía piedad.

Desgranó cifras, reclamó la modificación de leyes -la de barreras arquitectónicas y la de igualdad-, pidió mayor esfuerzo para buscar soluciones al desempleo y señaló un descenso en el número de quejas. Un dato que destapó la caja de Pandora. Desde el Grupo Mixto Román Rodríguez (NC) reclamó un debate sobre la función del Diputado del Común. Las quejas bajan, dijo, porque esta institución "no cumple con su objetivo". Hizo números: si el Diputado del Común dispone de recursos por poco más de tres millones, cada una de las 1.378 quejas del pasado año costó 2.300 euros.

En ese contexto tomaron posesión José Álvaro, Encarna Galván, Jesús Morera (PSC) y Aurora del Rosario (PP).