El Gobierno de Canarias planea invertir 11,5 millones de euros en un plan para implantar la administración electrónica, "fortalecer la rendición de cuentas" y "reducir la resistencia al cambio de los empleados públicos". El denominado Programa Estratégico para la Modernización y Mejora de los Servicios Públicos (Pemac) ya fue presentado a los sindicatos el pasado 29 de junio, en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos. Hubo desbandada de las cuatro organizaciones que representan a los trabajadores (UGT, CC OO, IC y Sepca), que se levantaron de una mesa en la que también se exponían los recortes salariales que entraron en vigor este mes de julio, alegando que no se había contado con ellas para la redacción del documento.

Entonces ya se dio a conocer que la administración regional pretendía, en el citado programa, imponer un control semestral a los empleados, tal como publicó este periódico. Sin embargo, el Pemac contiene otras medidas que, en su conjunto, conciben otro modelo de funcionamiento administrativo en el Gobierno de Canarias. El plan está aún en fase de borrador. De hecho, los sindicatos aún tienen tiempo de presentar alegaciones o propuestas en estos primeros días de mes. Pero ya contempla la referida inversión de 11,5 millones de euros, en el periodo 2012-2014.

El Pemac, que fue presentado en la mesa de negociación por la viceconsejera de Administración Pública, Carmen Nieves Rodríguez, concibe una administración regional "centrada en la economía, la eficacia, la eficiencia y la calidad de la actividad administrativa". Y, se añade en un matiz que ha despertado la suspicacia sindical, "en la dirección basada en objetivos, a fin de orientar la gestión a resultados".

Como novedad se imponen "criterios de selección", para poner en marcha o atender "exclusivamente lo que más necesitamos". Criterios que son de tipo económico -el primero que se cita, aludiendo al "ahorro"-, el tiempo ("no contaremos con los cuatro años de la mayoría de planes") y de norma (en referencia a las acciones "de obligado cumplimiento" que establece la regulación). Pero es que además se apunta que "todo lo que hagamos debe tener el impacto suficiente para que sea reconocido".

El Gobierno presenta siete líneas de actuación para implementar el programa, no sin considerar que "no se da la suficiente participación a la ciudadanía". La primera de ellas, la implantación de la administración electrónica, a la que siguen la simplificación de trámites, la mejora de calidad, la evaluación de servicios, la aludida dirección por objetivos y "la gestión integral del conocimiento corporativo".