El tijeretazo al Convenio de Carreteras ha desencajado las previsiones del Gobierno de Canarias para seguir ejecutando sus obras. No transmitió otra cosa ayer Domingo Berriel, consejero de Obras Públicas del Ejecutivo regional, quien compareció ante los medios de comunicación para explicar cómo reordenará las partidas del presente año. Ya la semana pasada Berriel encajó un duro golpe en su visita al Ministerio de Fomento, cuando comprobó que en 2012 el Archipiélago no recibirá más de 68,5 millones, cuando se contemplaban inicialmente 207. Sin embargo, aún fue más descorazonador el recorte para 2013 (también dotado de inicio con otros 207 millones: el Archipiélago sólo tendrá 61. Algo "tremendo para nosotros", en la descripción del consejero).

También subrayó que Canarias y Fomento han quedado a comienzos de septiembre para tratar de abrir nuevas vías de financiación, cuya llave sólo tiene la Hacienda estatal. Entre tanto, la Consejería de Obras Públicas manifestó hace unos días en Madrid que el recorte "nos coloca en una situación muy grave en el desarrollo de las obras". Y obliga a soluciones no contempladas de inicio.

Así, Berriel adelantó bajo qué criterios se reorganizarán las partidas de 2012. El consejero apuntó que Canarias ha conseguido agregar a éstas cuatro millones de euros correspondientes a fondos Feder, procedentes de la Unión Europea. La redistribución del poco dinero que queda se hará basándose en criterios de seguridad (no dejar carreteras incompletas), evitar la paralización de estructuras importantes ("no podemos dejar un viaducto o un puente a la mitad"), atender aquellos proyectos que están a punto de concluirse y también a un "cierto equilibrio territorial" entre las islas.

Las consecuencias

La consecuencia inmediata del nuevo escenario será el retraso en los plazos de ejecución (entre uno y dos años), aunque Berriel insistió en que "no se va a parar ninguna obra". También se quedan en la nevera aquellos proyectos que no han salido de la fase de redacción o no han pasado a licitación pública. En la práctica, además, se introduce una novedad importante y, en la tesis del Gobierno regional, imprescindible para poder concluir algunas carreteras de enjundia: las partidas correspondientes a las amortizaciones por el dinero que se adelanta a las constructoras, para que puedan obtener material o maquinaria, y comenzar las obras.

Lo habitual hasta la fecha era que las contratas devolvieran ese dinero en cantidades fragmentadas, año a año, a lo largo de la ejecución de los trabajos. Pero, según explicó Berriel, "la administración puede decidir una amortización completa" en un único ejercicio. Y este ha sido el caso. O solución de emergencia del Gobierno de Canarias para sacar adelante la cuarta fase de la Circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria, la carretera Pagador-Guía, la nueva vía a La Aldea, el tramo La Caldereta-Corralejo y la carretera Costa Calma-Pecenescal en Fuerteventura y las obras Santiago del Teide-Adeje y Ofra-ElChorrillo, en Tenerife.

En resumen, siete proyectos en los que las adjudicatarias deberán devolver de golpe este año todo (o casi todo) lo que les había adelantado la administración regional para hacer acopio de materiales y recursos necesarios para empezar a trabajar.

Con estas amortizaciones contempladas la anualidad del Convenio de Carreteras para Cana-rias en el presente año se queda en 50 millones de euros, a los que habría que sumarles 22,4 millones de euros en su mayoría comprome-tidos desde comienzos de año para el pago de expropiaciones. En el presupuesto original, el Ejecutivo canario disponía de 130 millones para inversiones en obras, más 40 para el citado concepto de expropiaciones.

"No vamos tan mal como se podía pensar", matizó Berriel en cuanto a los plazos de ejecución de los trabajos en curso, que son los prioritarios en el actual escenario de financiación. "Por ejemplo", citó, "la cuarta fase de la Circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria, o la carretera de La Aldea".

Un dato final: las partidas que ven incrementada su financiación en 2012 responden a modificados de obras que ya se han hecho en esos proyectos (ver cuadro) y que se deben asumir.