La Dirección General de Trabajo del Gobierno español recibe estos días las alegaciones al borrador que desarrolla la reforma laboral aprobada por el PP. Entre ellas, los sindicatos intentan corregir la imposibilidad de que las diferentes administraciones opten por expedientes de regulación de empleo (ERE) suspensivos. Es decir, despidos con fecha de caducidad que permita al trabajador reincorporarse a su puesto transcurrido un tiempo.

Juan Miguel Suárez, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de CCOO-Canarias, explicó que la única fórmula que recoge el texto es la de los "ERE extintivos". Es decir, en su opinión la medida del Gobierno busca "amortizar plazas", en lugar de reducirlas hasta que pasen las dificultades económicas.

"A esto hay que añadir lo que viene", señaló el sindicalista, en referencia a la Ley de Bases de Régimen Local que, según sus palabras, dará capacidad a la Administración para "retirar competencias a los ayuntamientos". Afirmó que bastará con que se consideren impropias "para recortar los servicios".