"No hay nada más injusto que tratar por igual a personas diferentes". Con esta máxima la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) defendió ayer la necesidad de "insularizar" la Ley de Renovación Turística planteada por el Gobierno de Canarias, con el fin de que se adapte a las realidades y especificidades territoriales de cada isla.

El presidente de esta organización empresarial, Fernando Fraile, y el de los hoteleros de Fuerteventura, Antonio Hormiga, presentaron ayer a representantes de los grupos parlamentarios su texto de enmiendas a la citada normativa que regirá la gestión del territorio. La Cámara regional ha ampliado en dos semanas el plazo para presentar alegaciones al documento.

Varios son los puntos claves de las enmiendas de la patronal de Las Palmas. Plantean un documento en el que como primera condición están en contra del carácter indefinido que se le da a la moratoria turística. Dicha premisa figura en el texto y, al entender de Fernando Fraile, es un apartado que habría que modificar.

Además, una de las principales filosofías que recalca esta asociación es la importancia de "insularizar un poco la ley", en el sentido de que entiende que "no se puede hacer una ley igual para atender situaciones distintas". "Estamos hablando de siete islas, cuatro que son eminentemente turísticas -Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura- con realidades distintas y, por tanto, creemos fundamental que una parte de la ley debe ser insularizada, especialmente en lo referente a los posibles crecimientos y a los modelos de oferta", explicó.

El máximo representante de la FEHT se mostró satisfecho de que el PSC-PSOE -socio de CC en el Gobierno regional- coincida también en adecuar la norma a las circunstancias de cada ínsula. Los socialistas van incluso más allá y apuestan por reflejar las diferencias en cada comarca turística. "No les falta razón", apostilló Fraile.

Entre otros asuntos importantes contemplados en el cuerpo de las alegaciones, figura su oposición a que se privatice la inspección para el mantenimiento de la calidad de lo establecimientos. Los hoteleros de Las Palmas se muestran partidarios de que haya una inspección pero demandan que ésta tiene que ser de carácter público, que hasta la fecha deviene de la Consejería de Turismo, lo que hace que esta tarea sea "independiente".

"Si alguna ventaja tiene una institución pública como la inspección turística es la imparcialidad", apuntó Fernando Fraile, para quien habría que reforzar el número de inspectores públicos. "Si el turismo es tan importante y lo es en Canarias y todos consideramos fundamental el mantenimiento de la calidad y de las instalaciones, la inspección no puede estar compuesta por quince personas", espetó. Lamentó que hay apenas entre diez y quince profesionales encargados de controlar centenares de miles de camas, restaurantes y demás instalaciones turísticas. De este modo, demandó un mayor esfuerzo del Gobierno autónomo para evitar caer en inspecciones privadas que, según él, "pueden producir inseguridad a los empresarios".

No obstante, también valoró que la ley aclara el uso de la planta extrahotelera, uso turístico o residencia y el uso mixto. Ahí consideró que la normativa ha sido "valiente y resuelve bastante un problema" que lleva años sufriendo el sector debido al uso indebido de apartamentos turísticos como residenciales o mixtos.

Los representantes empresariales también se reunieron con el viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, tras presenciar la primera media hora del pleno en el Parlamento.