El consejero canario de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, ha lamentado este viernes que la relación entre el Gobierno canario y el Ejecutivo central "parezca estar condenada a ir por el Tribunal Constitucional" y ha advertido de que no "cederán ni un ápice" en sus reivindicaciones.

Berriel se ha expresado así en la rueda de prensa que ha ofrecido para explicar la reunión que ha mantenido este viernes en Madrid con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Rafael Catalá, en la que han tratado el convenio de carreteras de la comunidad y la conectividad del archipiélago, entre otros asuntos.

"No me voy nada satisfecho de esta reunión", ha subrayado el consejero, quien se ha quejado de que esta fórmula de resolver las diferencias con el Gobierno en los tribunales "solo provocan mayor desafección" en las relaciones con Canarias.

Para Berriel, "lo más preocupante" del resultado del diálogo con el Ministerio de Fomento tiene que ver con lo relativo al convenio de carreteras, para el que ha presentado una propuesta que prevé atrasar la fecha de finalización de las obras ya comenzadas, ha explicado.

No obstante, el consejero ha apuntado que lo único que ha obtenido respecto a esta propuesta ha sido "frustración". "Nos han dicho más de lo mismo, que trasladarán la situación a Hacienda, pero más allá de esto, no se comprometen", ha añadido.

"Nos han colocado en una situación delicada" que, según ha dicho, les "apremia a buscar una solución económica". "Es un convenio que está firmado entre ambos gobiernos", ha explicado y ha advertido de que su incumplimiento llevaría a Canarias a tener que pagar "indemnizaciones que no ha provocado".

Al respecto, el consejero ha expresado su preocupación por la situación económica y ha señalado que el Gobierno canario no es "ajeno a la problemática del Estado en los Presupuestos Generales del Estado" pero "tampoco a los problemas de la región".

Según ha contado el titular de Obras Públicas canario, ha pedido 35 millones de euros al Ministerio para las actuaciones previstas en 2013, con el fin de "poder llegar a unos mínimos".

"El Estado está maltratando económicamente a Canarias", ha opinado Berriel tras precisar que el Ejecutivo de la región "prefiere mil veces la negociación política" y lamentar que no les dejen "más remedio que acudir a los tribunales".

Al tanto, el consejero ha recordado que la demanda que el Gobierno canario interpuso en 2012 en la Audiencia Nacional sigue en espera de una resolución y ha adelantado que añadirán el coste correspondiente a la cantidad del presente año si no se alcanza un acuerdo.

Además del convenio de carreteras, ambos políticos han hablado sobre la competencia de la gestión de los aeropuertos del archipiélago, sobre lo que el consejero ha apuntado que si AENA sigue con el proceso de privatización parcial, la gestión debería pasar a manos de Canarias.

Berriel ha recordado que el Estatuto de Autonomía de esta comunidad establece que si el Gobierno central no ejerce la gestión de los aeropuertos canarios, tal y como sucedería con dicha privatización, es entonces el Ejecutivo regional el responsable de hacerlo.

Además, para el consejero, este traspaso de competencia sería la solución para el problema de las tasas y la conectividad del archipiélago. "Los aeropuertos canarios tienen margen para reducir precios", ha asegurado.

En la reunión, también ha propuesto el establecimiento de "unos mínimos" que aseguren tanto oferta de vuelos como precios asequibles para los residentes en el archipiélago sobre la que ha dicho que "tampoco ha habido mucho avance".

Por otro lado, Berriel y Catalá han tratado la cuestión competencial del puerto de Los Cristianos, en Tenerife. Al respecto, el consejero canario se ha quejado de que el Gobierno no vaya a ceder dicha competencia ya que, según ha dicho, "no quiere dejar de ingresar lo que los canarios pagan por moverse entre las islas".

A su juicio, dicho puerto no es de interés general nacional, ya que solo registra tráfico insular, por lo que su gestión debería pasar al Gobierno autonómico.

Por último, ambos han acercado posturas sobre la implantación del tacógrafo para controlar la jornada laboral en el sector del transporte en las islas y también sobre el realojo de los vecinos de Ojo de Garza, afectados por la ampliación del Aeropuerto de Gran Canaria, que seguirá la hoja de ruta bilateral marcada por ambas administraciones, ha explicado el consejero.