El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, tachó ayer de "cacicada" del Ministerio de Industria el proyecto de ley que reforma el sistema eléctrico de las Islas. "Es una cacicada más del Gobierno de España en contra del autogobierno de Canarias y del respeto a sus singularidades. Utilizaremos todos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho para recurrirla en todos los espacios donde podamos", afirmó el jefe del Ejecutivo regional en el pleno del Parlamento autonómico.

Rivero reiteró que el Estado ha incumplido la ley a la hora de consultar a la Comunidad Autónoma, por ello consideró que el texto genera muchas dudas porque el sistema eléctrico está liberalizado hace mucho tiempo y no se va conseguir el abaratamiento de los precios de la energía en las Islas. Asimismo, el jefe del Ejecutivo criticó la adjudicación a dedo del gas y de los bombeos a dos empresas del sector. "Canarias necesita un control público de los sectores estratégicos y el sistema eléctrico lo es, pero una cosa es el control público y otra cosa es un intervencionismo para jugar solo en contra de los intereses de Canarias", aseguró.

El presidente canario respondía a una pregunta del portavoz del grupo Mixto y presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, que se alineó con las tesis del Ejecutivo y advirtió que la ley impulsada por el ministro José Manuel Soria invade competencias de la Comunidad Autónoma, retrasa y paraliza inversiones estratégicas para el sector energético de las Islas, aumenta la burocracia y genera inseguridad jurídica. El portavoz del grupo Mixto advierte que el texto favorece un nuevo monopolio en manos de Red Eléctrica y "nacionaliza" recursos privados sin razón aparente de interés general o de emergencia.

La ley que reforma los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares protagonizó parte del pleno del Parlamento ya que también fue objeto de otra pregunta a la consejera de Industria, Francisca Luengo, que advirtió que el texto propuesto por el Ministerio "genera incertidumbre" y "violenta la legalidad". Luengo destacó en sus crítica que el proyecto de ley deja en manos del departamento ministerial la decisión última de qué operadores pueden entrar o no en el sistema eléctrico de las Islas.

Además de las dos preguntas, los nacionalistas promovieron una comparecencia de la consejera de Industria con el mismo fin. En la misma se reiteraron los argumentos utilizados de invasión de competencias y las dudas sobre el objetivo que se persigue de romper el monopolio de facto de Endesa.