El Gobierno canario y el Cabildo de Fuerteventura seguirán adelante con el proyecto de Eduardo Chillida en Tindaya a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula las normas de conservación de la montaña majorera, tras un recurso presentado por la organización ecologista Ben Magec. Después de una reunión entre el jefe del Ejecutivo, Paulino Rivero, y el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, ambas administraciones muestran su "inequívoca voluntad" de mantener el monumento que ideó el escultor vasco.
La Comunidad Autónoma acata la sentencia y no la recurrirá ante el Tribunal Supremo. Los servicios jurídicos entienden que el fallo del TSJC no cuestiona el proyecto artístico. De esta forma, el Cabildo majorero procederá a delimitar el Bien de Interés Cultural (BIC) que le exige el tribunal en el plazo más breve posible y, a partir de ese momento, "no habrá ya obstáculos iniciales para continuar adelante" con la idea de Chillida para la montaña de Tindaya, defendió el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero.
El fallo del TSJC supone una nueva piedra en el camino del proyecto del escultor Eduardo Chillida para la montaña de Tindaya. La Sala de lo Contencioso-Administrativo anula las normas de conservación aprobadas por el Gobierno canario hace tres años, que amparan el monumento ideado por el artista vasco a pesar del interés arqueológico de la montaña. Los jueces exigen al Ejecutivo que delimite y ordene el Bien de Interés Cultural (BIC) antes para que tenga la protección adecuada.
Los promotores del recurso ante el tribunal, la organización ecologista Ben Magec, exigieron ayer al Ejecutivo que retire definitivamente el proyecto de Chillida y no recurra ante el Tribunal Supremo para evitar que se continúen gastando fondos públicos en una obra que es "inviable" para la conservación de los grabados y yacimientos.
Z Imperativo legal
El TSJC asegura, pese a los argumentos de la Comunidad Autónoma y del Cabildo, que la montaña de Tindaya es un Bien de Interés Cultural (BIC) por "imperativo legal", es decir, sin que precise de acto subsiguiente de declaración, recoge literalmente la sentencia. El ponente del fallo judicial, Francisco Javier Varona, estima que las leyes de protección del patrimonio histórico y cultural del Estado y de Canarias conceden esa condición automáticamente a los yacimientos que cuenten con manifestaciones rupestres, como es el caso de los grabados podomorfos que hay en la montaña majorera.
Z Delimitación del BIC
Tomando como base este argumento, el juez recrimina al Gobierno canario que no haya elaborado y aplicado hasta ahora la delimitación del ámbito de protección del BIC y las consiguientes medidas de conservación y protección. "La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias ha incumplido las obligaciones que le imponía la Ley de Patrimonio, al menos desde la entrada en vigor de la ley 4/1999", recoge textualmente la sentencia. Tanto el Ejecutivo regional como el Cabildo sostienen que las normas de conservación ahora anuladas contienen suficientes prevenciones para evitar actuaciones descontroladas que afecten a los yacimientos. El tribunal advierte que la delimitación del BIC no puede ser sustituida por las normas de conservación.
Z Limitaciones
El fallo del TSJC limita la declaración de nulidad a las determinaciones que se refieren al suelo declarado rústico de protección cultural, es decir, a la parte de las normas que dan cobertura legal a la ejecución del proyecto de Chillida. Según recoge el texto, el tribunal no puede entrar en definir qué tipo de categorización debe tener el área sino únicamente la zona recurrida por Ben Magec por prescindir de la delimitación del BIC.
El abogado que representa a Ben Magec, Carmelo Padrón, tacha de "disparate jurídico" que el Gobierno declarase suelo rústico de protección cultural la zona sin que se sepa aún el interés artístico del proyecto de Chillida, cuando ya hay un yacimiento arqueológico que se debe proteger. Padrón considera que el fallo del TSJC "pone en un aprieto" al Ejecutivo regional y al Cabildo de Fuerteventura porque no ha cumplido sus deberes urbanísticos para delimitar y proteger el BIC. Asimismo, Padrón lanza una advertencia a los socialistas: "espero que sean sensibles, serían copartícipes si se continúa con el proyecto".
La portavoz de Ben Magec, Noelia Sánchez, tachó ayer de "inmoral" que el Gobierno se mantenga en sus trece a pesar de la sentencia judicial.
