Tras 18 meses de intensa negociación, no exenta de obstáculos y en un escenario económico adverso, el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno canario, Javier González Ortiz, informó ayer de los detalles del acuerdo sellado con el Ejecutivo central sobre los aspectos fiscales del nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF), que entrarán en vigor el 1 de enero de 2015. El pacto alcanzado conlleva rediseñar la Zona Especial Canaria (ZEC) para atraer a inversores extranjeros y fomentar la creación de empleo estable.

La negociación con el Estado estuvo guiada por la resolución aprobada por unanimidad en la Cámara en julio de 2012. Sin embargo, no fue hasta noviembre de ese año cuando entró en el Ministerio de Hacienda. A partir de ahí ha acontecido todo un periplo con múltiples desencuentros con el titular de esta cartera, Cristóbal Montoro, que han motivado el retraso de la aprobación del documento. Incluso las patronales de las Islas reclamaron que se desbloquearan los reparos del Estado, sobre todo en las exenciones para crear empleo. Una vez logrado el consenso en la renovación del REF, esta semana se remitirá a la Comisión Europea para su estudio y aprobación.

En su comparecencia vespertina en el Parlamento, González Ortiz presentó cómo han cristalizado los trabajos con Madrid en relación a los aspectos fiscales del instrumento especial ideado para mejorar la competitividad del Archipiélago y compensar su lejanía e insularidad. En paralelo, desde hace meses el Ejecutivo regional elabora un documento de mínimos sobre los aspectos económicos del REF, que no se tocan desde hace 20 años.

Para su actualización y después de reuniones en enero y febrero con agentes socioeconómicos, el presidente, Paulino Rivero, iniciará otra ronda de contactos con las federaciones de cabildos y ayuntamientos, patronales y sindicatos.

El titular de Economía destacó la reformulación de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), encaminada a generar puestos de trabajo, y novedades en la Deducción por Inversiones en África Occidental y la ZEC. Respecto a este organismo se producen importantes modificaciones, ya que se suprimirán los actuales límites de bases imponibles siempre que las empresas garanticen la creación de un mínimo de 50 empleos. El consejero cree que esto permitirá captar proyectos internacionales "de mayor dimensión con el fin de que, con más atractivo que ahora, puedan utilizar el Archipiélago como plataforma de negocios".

Ya hay empresas que recurren a Canarias como sede de operaciones de sus proyectos en África. Un ejemplo es la multinacional minera Kinross, que se instaló en la capital grancanaria hace tres años y desde aquí controla sus explotaciones de oro en Mauritania y Ghana. La firma aprovecha las condiciones de seguridad jurídica y los servicios en educación y sanidad que ofrece esta región europea. No en vano, casi un centenar de familias de los trabajadores de Kinross se han asentado en Gran Canaria.

Por otro lado, la próxima ZEC, aparte de eliminar las restricciones geográficas de forma que cualquier iniciativa empresarial con independencia de su actividad pueda instalarse en cualquier rincón de las Islas, extiende el plazo de inscripción de nuevas entidades hasta 2020 y el disfrute de los incentivos hasta el año 2030.

Otro cambio que mejora esta zona especial es la ampliación de sus actividades y la autorización de sucursales de empresas foráneas y la eliminación de la doble imposición de dividendos, aspectos que supondrán un "mayor atractivo internacional", reiteró González.

El nuevo REF reformula la RIC y se permite a las empresas y profesionales materializar sus dotaciones hasta un máximo del 50% para crear puestos de trabajo. Se podrá materializar el importe de los salarios y los costes sociales sin necesidad de realizar nuevas inversiones. Se fija un límite de 36.000 euros como coste medio anual por trabajador que puede imputarse a la reserva. Esta nueva posibilidad exige el aumento neto de las plantillas y promueve la contratación estable, al exigir a las empresas su mantenimiento tres o cinco años en función del tipo de sociedad.

Además, se elimina la exigencia de un mínimo de capital, cifrado en 750.000 euros, para que las sociedades puedan desarrollar proyectos en la Zona Especial Canaria con fondos procedentes de la RIC.

El acuerdo con el Estado también "rebajará los índices de litigiosidad", augura González. La nueva regulación elimina la presentación de un plan de inversiones y reduce el régimen sancionador.

El portavoz del Grupo Mixto (NC-PIL), Román Rodríguez, espera que las modificaciones en la ZEC favorezcan la inversión y lamentó que no fructificaran las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, demanda "cercenada por el PP". El Gobierno central se mostró "insensible" a esta petición, apostilló el socialista Manuel Marcos Pérez. José Miguel Barragán, del Grupo Nacionalista, defendió el anclaje del REF en la reforma del Estatuto de Autonomía. Mientras que Asier Antona, del PP, rebatió que está avalado en la Constitución, el Estatuto y el Tratado de Lisboa y destacó que el nuevo REF es "más seguro, flexible y atractivo".