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La Provincia - Diario de Las Palmas

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El petróleo en aguas de las Islas

El TSJC decide con urgencia sobre la continuidad del sondeo de Repsol

La Sala de lo Contencioso-Administrativo delibera en días sobre la suspensión cautelar solicitada por Rivero - La empresa abandonará para siempre su proyecto en las Islas si la Justicia manda parar

El TSJC decide con urgencia sobre la continuidad del sondeo de Repsol

Después de más de dos años de tensiones entre los gobiernos canario y central, con Repsol como espectador de primera fila y parte interesada, la resolución del conflicto petrolero ha quedado en manos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Si el máximo órgano judicial del Archipiélago atiende la petición del Ejecutivo canario, con su presidente, Paulino Rivero, a la cabeza, de paralizar cautelarmente los sondeos, se dará carpetazo al capítulo petrolero en las Islas. En ese escenario, Repsol ya tiene decidido que recogerá y se marchará para no volver nunca.

Durante la semana que se inicia mañana, el TSJC decidirá sobre la cuestión no sin presiones. De una parte, deberá valorar el peso de la tutela judicial cautelar, tesis que atiende los intereses del Gobierno regional. La base de esta pasa por garantizar que no quede en papel mojado un pronunciamiento posterior -no menos de dos años- a favor del recurso interpuesto por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma contra la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) autorizando las prospecciones.

La antítesis a analizar debe valorar los daños que pueda causar la suspensión cautelar al interés general, en este caso el representado por el Ejecutivo central, y a la empresa. Un factor a favor de permitir la continuidad de la investigación de la existencia de gas y petróleo en el subsuelo marino lo constituye el hecho de que hasta la fecha no se han producido daños observables durante la realización de las prospecciones.

Además, todo el trabajo de la sala tendrá que tomar en cuenta el contexto. De esta manera, podrá ponerse sobre la mesa incluso la encuesta encargada por el Gobierno canario y que concluye que el 75% de los ciudadanos de las Islas están en contra de la industria petrolera cerca de sus costas. Cuestión distinta es el valor que los magistrados otorguen a dicho trabajo sociológico.

Hasta el cachalote

En este marco, computa hasta la muerte del cachalote pigmeo que varó el jueves de la semana pasada en Fuerteventura. Si el análisis de los investigadores de la ULPGC hubiese concluido con que fueron los trabajos de perforación los que acabaron con la muerte del cetáceo, como llegó a insinuarse, Repsol contaría con muy pocos puntos para poder continuar las prospecciones. Por la teoría de contrarios, el hecho de que la necropsia revelera que la muerte le sobrevino por causas naturales, mantiene la tesis de que los trabajos que desarrolla la compñía española se ajustan a la declaración de impacto ambiental sin afecciones para el entorno marino en que se realizan.

Así de fino debe hilar el TSJC, que no necesariamente debe fallar blanco o negro, su decisión también admite los grises. Por ejemplo, puede decidir que los trabajos continúen, pero exigir un incremento de las garantías que debe satisfacer la multinacional española. La DGPEM, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que dirige José Manuel Soria, condicionó el inicio de los sondeos al depósito de un aval de 60 millones de euros por parte de la compañía. Dicha cantidad podría verse incrementada si así lo decide la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Ajena a los ojos de los ciudadanos, hasta que el viernes lo desveló el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, esta enésima pero crucial batalla jurídica se viene librando desde hace un mes. El 30 de octubre fue el día en que el Gobierno de Canarias interpuso el "recurso contencioso administrativo contra los sondeos exploratorios". La estrategia adoptada por el departamento jurídico de Repsol se centró en poner en duda si el órgano judicial ante el que se presentó el escrito es el adecuado. La empresa que preside Antonio Brufau entiende que es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el que tiene la potestad para decidir sobre esta cuestión, ya que fue un órgano con sede en Madrid -la DGPEM- el que emitió la autorización. Así lo hizo constar la petrolera cuando el 10 de noviembre se personó como parte codemandada, momento en el que también solicitó el archivo de la pieza separada de medidas cautelares acordada por el TSJC una semana antes.

A juicio de Marrero, la postura de la multinacional solo puede explicarse como una "maniobra dilatoria" que garantice la finalización del primero de los sondeos, cuya duración prevista es de 45 días en lo que respecta a la perforación propiamente dicha, antes de que llegue una decisión judicial que mande detener los trabajos.

El portavoz del Ejecutivo canario se basa para ello en la vigencia del fuero electivo, que permite a quien interpone el recurso escoger entre el tribunal sede del órgano que dicte la resolución -TSJM- o el que radique en la misma comunidad autónoma del domicilio del demandante, el Gobierno de Canarias y, por tanto, el TSJC. El máximo órgano judicial canario se considera competente. Es más, puede decidir sobre esta pieza separada y acordar con posterioridad traspasar el recurso de fondo al TSJM para que sea este el que tome una decisión.

En Repsol se entiende que el Ejecutivo canario ha optado por esta opción para garantizarse que la partida se juega en el terreno más favorable para sus intereses. De ahí su insistencia en intentar alejar la resolución de las Islas.

Cinco días

Finalizado el periodo de presentación de alegaciones, el TSJC tiene ahora un plazo de cinco días para tomar una decisión. Repsol ya tiene diseñado un plan alternativo al de mantenerse a entre 50 y 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura. Su marcha conlleva también el desmantelamiento de la base logística del Puerto de La Luz y de Las Palmas atendida por las empresas Hamilton y Grossa.

Nadie en la compañía lo reconoce de manera oficial, pero lo cierto es que la salida de las aguas cercanas al Archipiélago sería definitiva. Si bien en el plano político la pelea entre Canarias y Madrid puede tener otro interés, el de la multinacional española se ciñe a hallar yacimientos petrolíferos y gasísticos por todo el planeta. En otras palabras, tiene otros lugares en el mundo en los que conseguir incrementar el volumen de negocio al margen de críticas, cuando no acusaciones directas a sus accionistas de referencia.

El calendario de la petrolera se mueve en el largo plazo. Sin embargo, el Rowan Renaissance no recibió sino en el último momento la orden de enfilar hacia las Islas. Incluso sin haber finalizado por completo el sondeo que desarrollaba frente a las costas de Angola, a donde previsiblemente regresará si el fallo del TSJC es contrario a sus intereses.

Solo el alquiler de este buque de posicionamiento dinámico supone un desembolso diario de 620.000 euros y el primero de los sondeos cuenta con un presupuesto de 112,4 millones de euros. Los trabajadores permanecen completamente ajenos a la polémica, este fin semana incluso se completó la bajada del BOP (blow out preventer), el elemento que debe actuar como tapón en el caso de que se produjera un vertido incontrolado. Los geólogos analizan a bordo del Rowan Renaissance los sedimentos que llegan a través del tubo que une la embarcación con el fondo de pozo y los drillers (perforadores) continúan atentos para proseguir el descenso.

Sin embargo, en la compañía empieza a calar el sentimiento de ser rehenes de la cada vez más encarnizada lucha protagonizada por Paulino Rivero y José Manuel Soria sin que por ello obtengan nada más allá que un 18% de posibilidades de encontrar hidrocarburos en Sandía. Cierto que es un porcentaje alto para esta industria y que, de confirmarse la existencia de petróleo y gas, el beneficio no es desdeñable.

Repsol entiende que la documentación entregada al TSJC basta para demostrar que todos los trabajos se están desarrollando conforme a la normativa y la legalidad, pero sus abogados son conscientes de que los magistrados pueden optar simplemente por preservar la utilidad del futuro fallo sobre el fondo de la cuestión y determinar por tanto la suspensión cautelar.

La vigencia del permiso es de tres años, por lo que la multinacional tiene de plazo hasta agosto de 2017 para perforar sin iniciar un nuevo trámite, pero la decisión de marcharse está tomada si no logra concluir el primero de los sondeos. El Rowan aguarda situado sobre Sandía: se queda hasta enero o arranca motores en unos días.

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