El 12 de febrero de 1985, el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Jerónimo Saavedra, promulgó la ley del Diputado del Común, una figura similar al Defensor del Pueblo. Treinta años después, las casualidades de la vida han situado al propio Saavedra al frente de esta institución, criticada por partidos como el PP, que la considera un lujo económico que no se puede permitir Canarias y cuyas funciones pueden ser asumidas por los diputados del Parlamento regional.
Frente a ello, el actual Diputado del Común defiende este organismo independiente de los gobernantes para velar por los intereses de los ciudadanos, con el fin de promover una verdadera democracia participativa. En treinta años, la institución ha tramitado en torno a 41.000 quejas ciudadanas y ha contado con cinco dirigentes: los ya fallecidos Luis Cobiella y Fernando Giménez, y con Arcadio Díaz Tejera, Manuel Alcaide y, por último, Jerónimo Saavedra.
La institución está culminando el informe anual de 2014, que presentará al Parlamento canario en breve. Sus oficinas, repartidas por todas las islas, atendieron el pasado año a 19.373 personas, con un incremento del 10,32% respecto a 2013, y se tramitaron 1.648 quejas de ciudadanos contra actuaciones de las administraciones públicas.
Debido a estas reclamaciones, el Diputado del Común advierte en su informe del anormal funcionamiento para reconocer el grado de discapacidad de las personas que pueden acogerse a la Ley de Dependencia, además del retraso en la aplicación de la misma por parte de la Consejería de Políticas Sociales, que dirige Inés Rojas. Se hace eco de la escasa implantación de esta norma y, en particular, de la demora en la aprobación de los programas individuales de atención, en muchos casos con personas fallecidas durante la tramitación del procedimiento. Asimismo recoge quejas por las ayudas sociales, como la Prestación Canaria de Inserción ( PCI), las pensiones no contributivas de jubilación o de la higiene y salubridad de albergues de personas. El absentismo escolar, el trato en los centros de menores, el acoso escolar o los procesos de adopción centran también las quejas que los ciudadanos interponen a esta institución.
Además, reclaman sobre el cobro indebido de tributos, como el IBI, la plusvalía, Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones, además del embargo de pensiones o de prestaciones sociales en las cuentas corrientes de los ciudadanos.
Todo tipo de quejas recibe esta institución, desde la contaminación acústica de talleres, discotecas o cerrajerías y autorizaciones de fiestas, conciertos y actividades musicales, hasta el déficit de viviendas protegidas o la arbitrariedad en el abono de las ayudas e hipoteca joven.
Las más abundantes son en la administración de justicia, por las dilaciones indebidas en lo procesos judiciales y la disconformidad de algunos ciudadanos con la actuación de los abogados, seguidas por las relacionadas con los tributos, la discapacidad, la seguridad pública, además de los problemas en los servicios urbanos o las condiciones laborales en la función pública.
Por tanto, la principal actividad del Diputado del Común es la supervisión de la administraciones públicas canarias en sus relaciones con los ciudadanos, a fin de garantizar y defender los derechos y libertades constitucionales de éstos. La institución puede iniciar, de oficio o a petición de una persona interesada, cualquier investigación que esté dirigida a esclarecer los actos y las decisiones adoptadas por los organismos de la administración pública canaria.
De hecho, puede investigar sobre el retraso indebido en la actuación administrativa; errores o arbitrariedades en la aplicación de las normas; sobre el silencio administrativo ante las peticiones ciudadanas; sobre el trato incorrecto a los ciudadanos; sobre la negativa injustificada a facilitar información; sobre la inejecución de las propias resoluciones adoptadas; y en general sobre cualquier mal funcionamiento de la administración pública canaria en cualquiera de sus ámbitos.
En las oficinas del Diputado del Común se atendieron a 19.373 personas en 2014, que realizaron consultas presenciales, telefónicas o vía internet, a los que se asesoró u orientó. Además se recogieron y tramitaron las quejas formales.
El Diputado del Común sólo puede supervisar la actividad de la administración autonómica, cabildos, ayuntamientos y a todos los organismos públicos dependientes de ellas.
El artículo 7 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, establece que el Diputado el Común no recibirá instrucciones de ninguna autoridad, ni estará sujeto a mandato imperativo alguno, desempeñando sus funciones con plena independencia y con autonomía. No obstante, esta figura no tiene competencia ejecutiva y sólo puede sugerir, recordar y recomendar el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente a las administraciones públicas que supervisa.
Ahora bien, puede dar cuenta al Parlamento de Canarias sobre si existe un actuación obstaculizadora de alguna administración y también puede remitir al Fiscal General de Canarias las actuaciones de las que considere oportunas.
La sede oficial del Diputado del Común está en Santa Cruz de La Palma, pero tiene oficinas en todas las islas. En Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y el Hierro, sólo existe un técnico, licenciado en derecho, y que hace todas las funciones: administrativas, atención al ciudadano y evaluación de quejas e informes.
El grueso del personal se encuentra en Tenerife y Gran Canaria, donde hay administrativos y técnicos, ya que es donde se genera el mayor volumen de atención al ciudadano y donde están las áreas temáticas de mayor volumen. Mientras el Diputado del Común sólo supervisa la actuación de las administraciones canarias, la Defensora del Pueblo controla todo el Estado español. Para el ciudadano canario es "fundamental la existencia del Diputado del Común por la cercanía y conocimiento de la realidad local, y la posibilidad de acceder, incluso físicamente a las administraciones públicas locales", indican desde esta institución. Asimismo, existen convenios de colaboración mutua entre este organismo y todos los defensores autonómicos.
El Gobierno, en cabeza
El trabajo del Diputado de Común se divide por áreas temáticas. Aproximadamente se inadmiten entre el 8% y el 9% de las quejas que se presentan, generalmente por falta de fundamentación. Desde el año 2012 se ha incrementado el número de reclamaciones, así como se ha disminuido el tiempo de la resolución de las mismas, al ser más colaboradoras las administraciones canarias, precisan desde la institución. "Se ha conseguido acabar con la eternización de las quejas", subrayan sobre su trabajo frente a las críticas.
Tomando como referencia el año 2013, aunque es una estadística que sirve para los últimos ejercicios, el Gobierno de Canarias es el destinatario del 38,72% de total de las quejas, la administración de Justicia el 4,81%, los cabildos insulares el 5,25%, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el 5,5%, el de Santa Cruz de Tenerife el 2,4%, y el resto, el 43,32%, los diferentes ayuntamientos de las islas, universidades y organismos públicos de Canarias.
De las quejas presentadas, una vez descontadas las inadmitidas y las trasladas a la Defensora del Pueblo por ser de su competencia, en Canarias tienen un nivel de resolución de entre el 67% y el 68%.
Cuando hay reclamaciones se solicitan informes a las administraciones que tienen la obligación legal de contestar y aclarar las mismas todas las veces que sean necesarias. Al margen del fondo del asunto, una de las contantes en un porcentaje alto de las quejas presentadas, es la falta de contestación expresa de las administraciones a las solicitudes, escritos o recursos de los ciudadanos.
