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Rutas de ida y vuelta desde las zonas en guerra

España se coloca en el centro de la estrategia de las mafias del tráfico de personas

El ministro de Interior, Jorge Fernández, en una comparecencia en el Congreso. LP

El avance del Estado Islámico ha hecho de España una plataforma de las mafias de tráfico de personas, que funciona en un doble sentido: bien para introducir en Europa a inmigrantes que huyen de las zonas en conflicto, bien para devolverlos a sus países de origen después de participar en los enfrentamientos. Informes policiales apuntan que unos 4.000 europeos se han unido al califato de Abu Bark al-Baghdadi para combatir en Siria. Menos de un centenar serían españoles.

En julio de 2013 la policía interceptó en el aeropuerto de Gran Canaria a doce extranjeros procedentes de Mauritania. Tras retenerlos e interrogarlos se descubrió que eran de nacionalidad siria -civiles que huían de la guerra- que intentaban entrar en Europa con pasaportes falsos. En la operación fue detenida la ciudadana sueca Kestin Majlis Bilen, que los acompañaba, y que según se desprende de la instrucción del caso en el Juzgado número 1 de Telde, trabajaba para la mafia turca en las rutas entre el norte de África y los países nórdicos, especialmente Alemania y Suecia, donde las políticas de estancia de inmigrantes son más permisivas.

Además de Kestin Majlis, la fiscal de Extranjería en Las Palmas procesó a Hasen Bilen y Mehmet Veysi Bilen, marido y cuñado de la primera, turcos con nacionalidad sueca.

En el otro lado de las rutas, en noviembre del año pasado fue igualmente desmantelada en Madrid una red de seis personas, con ramificaciones en Turquía y Latinoamérica, que se dedicaba a introducir a personas desde Siria. En un solo mes el grupo realizó transacciones económicas de más de 100.000 euros. Un lucrativo negocio que, según un informe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ile- gal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional, serviría para financiar el Estado Islámico. Según la investigación, dada a conocer por El País, cada persona pasada de forma ilegal paga entre 6.000 y 10.000 euros por un largo viaje que, con escala en Turquía o Grecia, donde se les acredita con un documentación ilegal, para luego seguir al norte de Europa aveces pasando por Suramérica.

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