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Saavedra da aliento a Rojas y asegura que la gestión de la Dependencia mejora

Las políticas sociales vuelven a centrar la mayoría de las quejas que los ciudadanos presentaron al Diputado del Común en 2014 Las administraciones devolvieron 132.577 euros de impuestos "mal cobrados"

Saavedra da aliento a Rojas y asegura  que la gestión de la Dependencia mejora

Saavedra da aliento a Rojas y asegura que la gestión de la Dependencia mejora

El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, no tuvo ayer problemas en reconocer que "la gestión de la Dependencia en Canarias ha mejorado en el último año". Después de varios informes de reiteradas denuncias a la labor que se llevaba a cabo en la Consejería de Políticas Sociales, que dirige la nacionalista Inés Rojas y cuyo mandato ha sido el blanco de las críticas de sus propios compañeros de partido en los últimos días, Saavedra aseguró ayer que sólo han hecho falta unos cambios de personal para agilizar los expedientes bloqueados durante años.

"Nos han hecho caso y se ha cambiado a los jefes de servicio para nombrar a una persona competente que ha desatascado problemas enquistados en Dependencia desde 2009 y 2010", aunque advirtió que pese a la mejoría "siguen habiendo problemas".

"Como consecuencia de criterios políticos, Canarias estaba casi fuera del Sistema Estatal de Dependencia y se habían perdido más de tres millones de euros de financiación, según el Tribunal de Cuentas, por no haber tramitado casos de dependientes" en los primeros años de implantación de la Ley de Dependencia, explicó Saavedra. El dinero se perdía, explicó el Diputado del Común, porque el Gobierno de Canarias "tenía un criterio político erróneo ya que no tramitaba al Gobierno de España como dependientes a los mayores canarios que estaban en residencias o centros de día, insulares o municipal, con lo que el Estado no ponía ni un euro" para sus ayudas.

Esta situación ha cambiado y el pasado viernes, en el último informe del Imserso, se recogen 9.000 dependientes más beneficiarios de ayuda en las Islas, explicó.

Saavedra entregó ayer al presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, el Informe Anual de 2014 del Diputado del Común en el que se recogen 2.000 actuaciones más que las realizadas el año anterior. En total fueron 19.373 las personas que acudieron a las oficinas de este comisionado para buscar asesoramiento.

El número de quejas presentadas fueron 1.648, lo que supuso un ligero aumento con respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 1.604. La mayoría de las quejas se circunscriben al ámbito de las Políticas Sociales, que sumó un total de 319. A este área le siguieron las denuncias relacionadas con Economía y Hacienda, Política Territorial y Urbanismo, Justicia, Trabajo y función pública y Vivienda, todas ellas con más de un centenar de quejas.

El Diputado del Común afirmó que su oficina ha logrado que las administraciones devuelvan a los ciudadanos 132.577 euros por multas o impuestos "mal cobrados", y destacó entre ellos el IBI.

Saavedra también habló de los tres informes especiales que su departamento desarrolló el año pasado y que estuvieron centrados en la Dependencia, la Ley de Transparencia y el silencio de las administraciones al comisionado. Asimismo expuso el contenido de una carta que remitió al Congreso de los Diputados, al Parlamento de Canarias y a la Defensora del Pueblo, en la que expresaba su interés en renunciar al aforamiento por ser Diputado del Común.

Si bien Saavedra destacó que su oficina solo ha declarado como obstruccionista al Ayuntamiento de La Oliva, por su silencio administrativo con este comisionado en relación a la no ejecución de una sentencia firme que obliga a la celebración de nuevas oposiciones a Bomberos, y Tuineje, por un "asunto que se ha puesto en manos de la Fiscalía", reconoció también que "los ayuntamientos están funcionando mejor" que en años anteriores.

La administración autonómica recibe el mayor número de quejas, con un 46%, afirmó Saavedra, quien añadió que se trasladó a la Defensora del Pueblo el 6% de las denuncias. Además comentó que en cuanto a las quejas vivas, las que no están resueltas de años anteriores se elevan a 242, de las que tres de ellas son de 2009. Sobre ello destacó que "todas corresponden al área de Política Territorial y Urbanismo" porque "la multitud de leyes que hay en las Islas en este sentido hace que sean muy complejas las soluciones a los problemas que plantean los ciudadanos".

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