La Asociación de Colegios Profesionales de Canarias (ACPC) quiere tomar parte activa en todos los foros en los que se trata la puesta en marcha de iniciativas orientadas a la creación de empleo. "Sindicatos y empresarios no son los únicos que pueden tener algo que decir al respecto, y creemos que los colegios podemos aportar mucho en esta línea", señaló ayer el presidente de esta Asociación, Francisco Sánchez Eizaguirre.

El también decano del Colegio de la Psicología ha comenzado a trasladar a los representantes de las fuerzas políticas el objetivo que ha animado la creación de esta Asociación de Colegios Profesionales, el de aprovechar experiencias de cada uno de sus asociados y optimizar las sinergias.

Para Sánchez Eizaguirre, "tanto si la colegiación es obligatoria como si no, estas instituciones son un foro cualificado para conocer cuáles son las necesidades tanto de los profesionales a ellas adscritos como de los ciudadanos que requieran de sus servicios, de ahí que consideremos que es importante que se cuente con los profesionales para complementar el criterio de empresarios y sindicatos cara al diseño de políticas de empleo".

La Asociación de Colegios Profesionales de Canarias estima que la formación académica no se debe dar nunca por terminada y las organizaciones que la integran tienen que ser capaces de dar a sus representados alternativas de cara a esa actualización curricular continua, así como orientación en torno a la mejor dirección a tomar de cara a su posicionamiento en el mercado laboral.

Ese esfuerzo es el que hace, según el presidente de la organización que los colegios profesionales se consideren como entes suficientemente cualificados para ser considerados como prescriptores de opinión a la hora del diseño de las políticas de empleo.

Desde el inicio de la crisis y la consabida destrucción masiva de empleo, las diferentes administraciones han diseñado actuaciones tendentes a paliar las cifras del paro. Sin embargo, en no pocas ocasiones estas se han mostrado estériles o insuficientes para garantizar el reingreso en el mercado laboral de aquellos que han perdido sus puestos de trabajo desde el año 2008.