Indignación política contra la Justicia

El estamento político rompió ayer su silencio y dio un golpe sobre la mesa para exigir que acabe el "bochornoso espectáculo" que consideran que está poniendo en entredicho el prestigio y la credibilidad de la Justicia, una de las piedras angulares del Estado de Derecho. Dirigentes políticos de Canarias aparcaron ayer la prudencia que suele dominar en sus relaciones con la Administración de Justicia y expresaron su indignación y preocupación ante las grabaciones que están sacudiendo a la judicatura en las Islas y tambalean los cimientos del sistema. Además de trasladar su enfado, representantes de partidos de toda índole urgen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a suspender cautelarmente en el ejercicio de sus funciones al magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Salvador Alba, así como reprobaron la imagen que están dando otros jueces a través de las grabaciones que salen a la luz y la alarma social suscitada.

Cargos públicos del Archipiélago confesaron ayer que asisten cada día con inquietud y asombro a las informaciones sobre las grabaciones entre magistrados de la Audiencia y aquellas realizadas por el empresario Miguel Ángel Ramírez al juez Alba, en las que supuestamente el magistrado le orientó sobre lo que tiene que declarar cuando comparezca de nuevo ante él para perjudicar a la juez Victoria Rosell, a quien Alba sustituyó en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria cuando ella dio el salto a la política en las filas de Podemos. Rosell investigaba a Ramírez por presunto delito fiscal.

Este miércoles Alba ratificó la denuncia que presentó contra el dueño del Grupo Ralons y su abogado Sergio Armario por supuestas coacciones y revelación de secretos, entre otros delitos. Alba compareció durante tres horas ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2, Rafael Passaro, a raíz de la denuncia que interpuso después de que Ramírez aportó a la juez Carla Vallejo -que sustituyó a Alba en el Juzgado número 8- el audio de una reunión que mantuvieron ambos en relación a la causa que afecta al presidente de la UD Las Palmas.

En medio de la telaraña judicial, Ramírez anunció también ayer que se querellará contra Alba por denuncia falsa, según laCadena Ser.

Los archivos de audio y transcripciones de conversaciones divulgados destapan una trama de conspiraciones que involucra a empresarios, abogados, políticos y destacados miembros de la carrera judicial e incluso llega a desvelar enredos sentimentales entre el letrado de Ramírez y Rosell. Un escándalo insólito en la Administración de Justicia en las Islas. Las escuchas salpican al presidente de la Audiencia Nacional, el tinerfeño José Ramón Navarro Miranda, y a los magistrados Carlos Vielba y Emilio Moya, compañeros de Alba en la Sección Sexta.

"Me preocupa que uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, que es la judicatura, ahora mismo no esté pasando por su mejor momento. Todo esto es un mal espectáculo para la ciudadanía y genera desconfianza", aseguró el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante una visita a Lanzarote. Espera que este asunto "se resuelva lo antes posible y que se tomen las medidas" desde el CGPJ para "zanjar" esta polémica.

Descrédito

El dirigente de CC lamentó el "descrédito" de la Justicia y planteó la "intervención inmediata" del órgano de gobierno de los jueces para suspender de forma preventiva a Alba hasta que se aclare la situación. "No prejuzgo a nadie, igual al final todo queda en un culebrón", añadió Clavijo, que tildó de "asombroso" que ni el CGPJ ni el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se hayan pronunciado aún sobre las grabaciones. "No sólo me parece asombroso, sino muy preocupante porque es que si no se ha producido eso por algo será", lanzó, y advirtió de que este escándalo "empieza a tomar algunas derivas preocupantes". El juez "es una persona que imparte Justicia, que decide si vas a la cárcel o te quedas libre, es una persona que tiene que decidir si tienes que pagar millones de euros o no", reflexionó en la Ser. "Uno espera que en el mundo judicial haya personas que, precisamente por dedicarse a eso, en todas sus actuaciones sean honestos, correctos y rectos", agregó el jefe del Ejecutivo.

El portavoz del PSOE en el Parlamento, Iñaki Lavandera, criticó que "se está dando una imagen bochornosa con una pérdida de credibilidad hacia el sistema judicial". "Se está dando la sensación de que hay una Justicia para ricos y otra para pobres y que, dependiendo del poder de influencia de una persona, tiene acceso a un trato diferenciado en el ámbito judicial. Eso no se puede tolerar, porque todos somos iguales ante la Justicia", aseveró el diputado socialista, que estima que "los magistrados implicados en esta trama deberían ser apartados cautelarmente".

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, cree que el CGPJ "está tardando en actuar". "Tiene que haber un pronunciamiento, el máximo órgano de gobierno de los jueces debe actuar de manera inmediata y contundente", dijo a Cope.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), calificó los hechos como un "espectáculo lamentable". "Situaciones de este tipo producen desconcierto, inseguridad y dudas sobre el funcionamiento de la Justicia en los ciudadanos y, si producen ese sentimiento, el que no actúen los mecanismos que tendrían que hacerlo para corregirlas me parece todavía más preocupante", subrayó Morales, que cuestionó la falta de actuación del CGPJ, los órganos de control de Canarias y la Fiscalía.

"Entre más sabemos, más bochorno produce que Alba siga con la toga puesta y no se hayan tomado medidas cautelares respecto a él", protestó la secretaria general de Podemos, Meri Pita, para quien "se está contaminando de tal manera la Justicia que, de no actuar con inmediatez, se va a perder la poca credibilidad que tiene entre la ciudadanía". Se pregunta por qué el CGPJ no ha actuado aún.