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Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico Valoración sobre la nueva norma urbanística

El Catpe ve positiva la Ley del Suelo pero reclama una ficha financiera

El grupo de pensamiento sostiene en un informe que la maraña legislativa ha judicializado los planeamientos territoriales

El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe) ha realizado un exhaustivo análisis sobre el proyecto de la Ley del Suelo de Canarias. La entidad, presidida por Ángel Ferrera, valora positivamente la norma urbanística que se tramita en el Parlamento canario. No obstante, reclama al Gobierno que acompañe la tramitación de la Ley del Suelo con una ficha financiera para su efectiva puesta en marcha de forma eficiente. Considera que hay una imprevisión en los recursos necesarios para implementar el nuevo marco legal, la formación del funcionariado y atender la políticas de formación profesional en materia de planeamiento.

El Catpe, como entidad independiente de partidos políticos y organizaciones empresariales, retrasó la valoración del proyecto de ley "en un intento de alejarse del ruido mediático" en un asunto que desde el primer borrador del anteproyecto de ley ha tenido "fuertes controversias".

En sus conclusiones considera "acertado" el proyecto de ley, impulsado por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y que se hayan marcado como objetivos "simplificar, racionalizar y actualizar el marco jurídico vigente mediante el que se regula el territorio".

Los promotores de la norma "han tomado buena nota del fracaso cosechado por quienes creyeron que la solución al problema podía pasar por un proceso de armonización del caos precedente y han optado por abordar el problema desde la posición más ambiciosa", expone el informe.

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A juicio de Catpe, es "totalmente infundada" la crítica sobre la extensión del articulado del proyecto de ley. En la norma se ha hecho un "ejercicio efectivo de mayor concreción", considerablemente alejado de la pretensión extensiva "que se le ha pretendido imputar", ya que se pasa de 577 artículos o disposiciones vigentes a 455, indica.

Mediante el proceso de simplificación se derogan las disposiciones superfluas y contradictorias, se ajustan a las necesidades los trámites y se eliminan las duplicidades incoherentes con el marco jurídico general del país, al tiempo que se clarifican las competencias que corresponden a cada ámbito de la acción pública. El grupo de pensamiento recalca que el proyecto de ley da un paso más allá y abre la puerta a la aprobación monofásica de los planes de ordenación urbanística y territorial, acabando así con "la sobredosis de tutela que tantos problemas ha venido creando y que tan pocos ha conseguido resolver".

En cuanto al control de legalidad de los planeamientos, el Catpe entiende que la complejidad no se encuentra en el control mismo, sino en la disparidad de disposiciones contradictorias que actualmente existen, "cuestión en la que supuestamente este proyecto viene a poner orden".

Sostiene que es cierto que la efectividad del sistema vigente - control de legalidad y aprobación definitiva de los planeamientos por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) - es, "a todas luces, inoperante como acredita su escaso rédito de eficacia: 26 planes definitivamente aprobados en dieciséis años y siete - de momento- anulados por los tribunales de justicia".

En sus conclusiones, el Catpe estima también acertado el diagnóstico que plantea en el proyecto de ley sobre los problemas que tiene el sistema de planeamiento vigente, como el bloqueo generalizado del planeamiento urbanístico y territorial, la inoperatividad de la gestión pública, la falta de cooperación interadministrativa, la carencia de unicidad normativa lo que ha dado lugar a disparidad en las respuestas a situaciones análogas o el elevado porcentaje de judicialización de las resoluciones administrativas de la Cotmac.

En este sentido, el análisis refleja el alto volumen de judicialización de los acuerdos de la Cotmac a lo largo de los últimos nueve años, que tienen su punto álgido en 2011, donde el 39,4%, 123 de 312 acuerdos, terminaron recurridos ante los tribunales.

La llamada maraña jurídica, que no es otra cosa que la relación de leyes y reglamentos mediante los que se regula cualquier actuación sobre el territorio, "desde la más humilde, como reponer un bancal", a la más compleja, está integrada por cinco disposiciones legales comunitarias, 28 estatales y 51 autonómicas. Un análisis somero de las estadísticas que escenifican los resultados obtenidos a lo largo de este "atolondrado" proceso normativo, añade el Catpe, dibuja un panorama que da una idea muy gráfica de la incapacidad del sistema para asegurar su propia efectividad. En lo referente al planeamiento general, de los 88 municipios, solo veintiséis han culminado el proceso de adaptación, treinta y cinco no han conseguido culminar el proceso y los veintiséis restantes no lo han siquiera iniciado. En términos superficiales esta situación arroja que de los 7.447 kilómetros cuadrados del Archipiélago, el 26% equivalente a 1.769 kilómetros corresponde a los municipios que han culminado el proceso de adaptación. El 32% equivalente a 2.392 kilómetros cuadrados corresponde a los municipios que han superado los 16 años si haber conseguido culminarlo.

El 44,5% -3.329 kilómetros cuadrados- corresponde a los municipios que aún no han iniciado el proceso de adaptación. A modo de conclusión, el Catpe afirma que el 76,5 % del territorio está fuera del sistema, en lo que a planeamiento general se refiere, por lo que Canarias está ante un 76,5 % de "fracaso territorial", por analogía con los porcentajes conforme a los que se mide el fracaso escolar o sanitario.

De otro lado, el centro de pensamiento valora muy positivamente la forma en la que el proyecto de ley se concreta el principio de desarrollo sostenible, que supone encontrar un punto de equilibrio entre la conservación de los recursos económicos y ambientales.

También valora la flexibilización en la revisión de los planeamientos. Se trataría de hacer de las modificaciones y revisiones parciales la norma y de la revisión plena la excepción. "Y es que hasta este momento, parece que nadie se haya parado a pensar que los problemas cotidianos no necesitan para su resolución poner patas arriba todo un municipio. No lo es ni en los de alta complejidad ni en los de poca", argumenta.

La apuesta, pues, del proyecto de ley por la metodología de planeamiento "ágil y continuo" conforme a las necesidades del momento, coexistiendo en paralelo con las revisiones integrales que puedan resultar necesarias, es una acertada iniciativa que el Catpe aplaude. Igualmente ve positiva la necesidad imperiosa de reasignación de competencias entre las tres administraciones -Gobierno, cabildos y ayuntamientos- y que se articulen mecanismos que den cierto grado de certeza en cuanto a la previsibilidad de plazos de tramitación de los planeamientos, además de la no regresión de las disposiciones territoriales básicas, como forma de asegurar el no retroceso en cuanto a los logros alcanzados en materia de desarrollo sostenible y la supresión de los dobles títulos habilitantes.

Asimismo, considera un acierto la regulación del suelo rústico con sujeción a las necesidades de modernización y mejora de la competitividad del sector primario. Como carencias, aparte de la falta de ficha financiera de la ley, el Catpe expone, entre otras, que falta concreción del umbral de protección territorial por razones ambientales o de biodiversidad, que debe presidir la política territorial de Canarias.

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