La nueva ley territorial que impulsa el Gobierno que preside Fernando Clavijo concita el interés de todo el espectro político de las Islas y buena prueba de ello fue el foro organizado por LA PROVINCIA al que acudieron tanto furibundos detractores de la ley, en el caso de Podemos, como defensores de la misma aunque estén en la oposición parlamentaria, caso del PP. Ayer era la hora de los técnicos y expertos antes de que mañana se levante el telón para los políticos en el primer pleno del Parlamento canario que va a debatir el texto legislativo.
Un arquitecto, un catedrático de Derecho Urbanístico, un catedrático de Derecho Administrativo y una geógrafa. Voces de especialistas sobre una materia que en Canarias se ha convertido en una selva de la que sólo unos pocos saben salir. Opiniones contrarias y visiones distintas sobre la realidad territorial de las Islas pero con un denominador común: la necesidad de alcanzar un consenso para volver a la senda del acuerdo de los partidos y de la sociedad en torno al futuro urbanístico y medioambiental de las Islas.
Es poco usual verlos compartiendo foro a excepción del Parlamento, donde se sientan en la misma bancada. Diputados de Podemos en la Cámara compartieron mesa y mantel con dirigentes y parlamentarios del PP, PSOE, Coalición Canaria y Nueva Canarias, partidos con visiones radicalmente diferentes sobre el territorio. Todos tomaron nota de lo dicho por los expertos para engrosar sus argumentos de cara al debate en la Cámara.
Paso decisivo
Carmelo Padrón, uno de los que más han puesto reparos cuando el texto era todavía un anteproyecto de ley, mostró su satisfacción por la firma del nuevo acuerdo entre su partido, el PSOE, y CC y en el que la Ley del Suelo ocupa un párrafo. Lo más importante es que la evaluación ambiental de los planes vuelve a manos de la Comunidad Autónoma, lo que para los socialistas es un paso decisivo en su respaldo final a la iniciativa legislativa.
Pero mientras se allana el entendimiento entre los socios de gobierno -a excepción de los pocos críticos que aún quedan en el grupo parlamentario-, es en el PP donde empieza a aumentar la desconfianza ante estas modificaciones que se pretenden realizar en el periodo de enmiendas parciales. Ayer advirtió la portavoz de los populares en el Parlamento, Australia Navarro, de que si el Gobierno de Canarias incluye nuevamente a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en la Ley del Suelo durante su trámite parlamentario, se replanteará su apoyo a la norma. Según los populares, este órgano "ha sido un freno absoluto al desarrollo de Canarias".
Una parte destacada del aforo del salón del hotel Santa Catalina la ocuparon los empresarios, que desde el primer momento han respaldado el espíritu de la Ley del Suelo para desatascar las inversiones que llevan años paradas y, sobre todo, agilizar la tramitación de los planes generales. Por lo demás, el aforo se completó con abogados, técnicos y directivos de empresas. Sí se echó de menos la presencia de los alcaldes, ya que los ayuntamientos cobran un protagonismo esencial en la nueva norma. Tampoco asistieron los miembros de la plataforma contra la Ley del Suelo, entre ellos los sindicatos mayoritarios.
¿Estamos a tiempo de un pacto sobre el territorio en Canarias? A tenor de lo dicho ayer aún queda mucho camino por recorrer y es muy probable que esta ley no concite todavía un acuerdo que una a todos los sectores de la sociedad interesados. La geógrafa Emma Pérez-Chacón demandó este pacto que ya se consiguió en los años 80 y 90 y del que salieron la Ley de Espacios Naturales de 1994 y la Ley del Territorio de 1999. Sin embargo, en la última década este principio se quebró con las leyes que se han ido aprobando y que han llevado al actual escenario de bloqueo.
Sin embargo, para el arquitecto y exconsejero Javier Domínguez Anadón en la última década y media se ha asistido a un "fracaso territorial" debido al elevado número de planes sin aprobar y considera que el único camino es el que traza este proyecto de ley, es decir, el de la simplificación, la racionalización y la actualización de la normativa territorial. Como ejemplo, el planeamiento de municipios turísticos como Mogán y San Bartolomé de Tirajana, éste último con la parálisis incluso del plan supletorio.
Francisco Villar Rojas fue rotundo y cree que en este último año se ha producido un debate intenso con los colectivos y sectores interesados en el urbanismo y el territorio. Hay que dar seguridad y certeza no sólo a los empresarios sino también a los ciudadanos porque "nadie sabe a qué atenerse". En su opinión, muchas de las afirmaciones que se están realizando sobre la ley no están en el articulado.
