La condena al exalcalde de Arona José Alberto González Reverón por permitir obras ilegales en un hotel ya es firme. El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado su recurso de casación y confirma la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la comisión de un delito de prevaricación. En su fallo, la Sala subraya que el nacionalista permitió la reforma del complejo "a sabiendas" de que cometía "un acto de injusticia".
También rechaza el recurso que presentó Antonio Sosa, integrante del gobierno local que presidía González Reverón, que resultó condenado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a ocho años y seis meses de inhabilitación por contratar a dedo a cuatro personas. En ambos casos, los condenados tendrán que hacer frente a las costas judiciales.
González Reverón defendía la supuesta nulidad de las intervenciones telefónicas a las que fue sometido durante la investigación y negó haber cometido prevaricación, porque las competencias urbanísticas las tenía delegadas precisamente en Antonio Sosa, entonces concejal de Urbanismo.
El TS subraya que "los indicios en los que se fundamenta la resolución judicial de la Audiencia Provincial son objetivos" y recuerda al recurrente que, con su cargo, podía dictar "la inmediata suspensión de la obra" en el complejo turístico Sir Anthony.
El regidor, "teniendo pleno conocimiento de que se estaban realizando las obras (...) en uno de los hoteles más relevantes de la localidad, y sabiendo que esta licencia no podía concederse legalmente, permitió que continuasen las obras durante cerca de un año (...) con plena consciencia de la injusticia de su decisión", reza la sentencia.
Los magistrados resaltan que lo que en realidad califica la conducta de González Reverón como un comportamiento "penalmente sancionable y no como una mera ilegalidad administrativa es el elemento subjetivo del tipo, su actuación a sabiendas de que estaba cometiendo un acto de injusticia".
Además, añaden como hecho probado que el exalcalde sureño disfrutaba de las instalaciones para las que permitió las obras "recibiendo un trato de favor". Respecto a Sosa, destacan que se saltó la tramitación "para contratar verbalmente".
