El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha admitido la queja del consulado honorario de Rusia en Canarias para identificar al magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas que tildó de "mafiosos" a los jóvenes rusos y a los italianos del sur y se refirió a las mujeres rumanas como "todas putas".
El juez que lanzó estas descalificaciones contra ciudadanos extranjeros fue pillado en una grabación clandestina, realizada por el magistrado Salvador Alba con tres compañeros en el office de las dependencias judiciales. La conversación tuvo lugar en septiembre de 2016 y en ella intervienen Carlos Vielba, José Luis Goizueta y Emilio Moya, que desconocían que estaban siendo grabados.
Alba aportó el audio al Juzgado de Instrucción número 2 de la capital para demostrar presuntas presiones de compañeros en su disputa judicial con el empresario Miguel Ángel Ramírez.
La decisión del máximo órgano de gobierno de los jueces de investigar quién es el que hizo comentarios "xenófobos" contrarresta con la postura del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que a principios de abril archivó la queja presentada por el letrado de la oficina diplomática de Rusia en las Islas, José Antonio Penichet.
El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Fonseca-Herrero, ha incoado diligencias informativas para esclarecer los hechos e identificar al magistrado que profirió las polémicas frases, que salieron a la luz pública en noviembre.
Fonseca-Herrero firmó la resolución con fecha del 19 de abril.
Asimismo, el abogado Penichet ha remitido al CGPJ información periodística que identifica a Carlos Vielba como el magistrado al que corresponden las controvertidas declaraciones.
De ahí que, una vez denunciados los hechos, esta legación consular interesa que Fonseca-Herrero confirme si Vielba es el autor de las "graves" afirmaciones.
"Más allá del carácter gravemente ofensivo de las expresiones injuriosas vertidas hacia los nacionales rusos (y de otras nacionalidades), interesa especialmente determinar si, habida cuenta de los prejuicios del referido magistrado, incompatibles con cualquier apariencia de imparcialidad y objetividad, éste ha incumplido deliberadamente su deber de abstención", advierte en su escrito Penichet, que reclama determinar en qué asuntos ha formado sala y en qué ponencias ha intervenido el magistrado relativos a ciudadanos rusos. Igualmente, ruega que se evite "cualquier inacción" que pudiera derivar en "una protesta formal" del embajador de Rusia en España ante el ministro de Asuntos Exteriores, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.
El consulado reivindica que, además de la sanción que se pueda imponer al juez, se le identifique claramente para ser recusado en los procedimientos en los que haya ciudadanos rusos involucrados.
En este sentido, hay sospechas de que el magistrado que dijo las frases "xenófobas" ha intervenido en el tribunal que ha negado la libertad provisional a tres miembros de la familia hispano-rusa Kokorev, que llevan casi dos años en prisión preventiva acusados de ser los testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.
