Segundo revés judicial para la productora Videoreport Canarias en su intento de paralizar el concurso de informativos de la Televisión Pública de Canarias (TVC). El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó ayer un nuevo auto en el que ordena al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma (TAC) que emita un informe sobre el procedimiento administrativo de adjudicación.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC no entra en el fondo del asunto ni obliga a revisar el concurso convocado en agosto por el presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, en su calidad de administrador único de la sociedad mercantil Televisión Pública de Canarias SA. En su resolución, el Alto Tribunal se limita simple y llanamente a devolver el expediente al Tribunal de Contratos Públicos para que éste se pronuncie sobre el recurso de Videoreport y falle lo que estime oportuno, es decir, que resuelva como considere y no eluda su competencia como órgano para resolver conflictos en la contratación.

Este nuevo auto del TSJC se emite a raíz de un recurso interpuesto por Videoreport contra la decisión del Tribunal de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de no admitir a trámite a principios de octubre el recurso especial presentado por esta empresa contra el anuncio, los pliegos y la documentación complementaria del expediente de contratación del servicio de prestaciones técnicas y materiales para la ejecución y emisión de programas informativos de Televisión de Canarias.

Competencias

El Tribunal de Contratos Públicos desestimó el recurso de Videoreport al argumentar que carecía de competencias para resolver este contencioso, ya que RTVC está vinculado directamente al Parlamento y la Cámara no ha delegado en el Tribunal de Contratos las competencias para fiscalizar y decidir sobre los contratos de TVC.

Al mismo tiempo, un informe de los servicios jurídicos del Parlamento autonómico sostiene que "no existen razones jurídicas que permitan sostener que el ente público RTVC o cualquiera de sus sociedades mercantiles dependen o están vinculadas a los órganos de la Cámara o la estructura de la administración parlamentaria". En otras palabras, el Parlamento aduce también su falta de competencia para decidir sobre esta clase de recursos.

De ahí que el TSJC advierte de que se está ante "un poder adjudicador sin control, fiscalización o supervisión jurídica en vía administrativa", algo que no es posible.

En esta línea, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC destaca que la normativa europea establece que tiene que haber un órgano en vía administrativa que resuelva los recursos especiales en materia de contratación y, de hecho, para eso se creó en febrero de 2015 el Tribunal de Contratos Públicos.

Por ello, el TSJC suspende la decisión del Tribunal de Contratos Públicos de inadmitir el recurso de Videoreport y le devuelve el caso para que se pronuncie sobre las cuestiones relativas a la impugnación y medidas cautelares sobre el anuncio y los pliegos de licitación.

Asimismo, la Sala analiza "los intereses en juego" en torno al contrato de informativos, cuyo presupuesto asciende a 144 millones de euros durante ocho años.

En el auto se alerta de que "los riesgos, dada la cuantía del contrato son notorios y también atendido el interés general en que el servicio se preste efectivamente". "Pero por encima de todo eso se debe considerar que en un contrato sujeto a regulación armonizada, donde es necesario garantizar al máximo los principios de concurrencia, transparencia y eficacia imperantes en la contratación administrativa, al parecer y a tenor de la resolución recurrida y de la emitida por el Parlamento, no hay quien supervise a quien está actuando como poder adjudicador", precisa el escrito.

Además, el TSJC avisa de las especiales singularidades del contrato de informativos en la medida en que el actual, en manos de Videoreport -en cuyo accionariado participa Informaciones Canarias SA, editora de Canarias7- expira el 30 de junio de 2018, sin ninguna posibilidad de prórroga.

A este respecto, el auto, en el que ejerce como ponente la magistrada Inmaculada Rodríguez, alude a los intereses privados de Videoreport, al que le restan apenas siete meses de contrato, por lo que "en el fondo podría subyacer una contraposición de intereses empresariales". "Ahora bien, en este procedimiento hay que contemplar también el interés del ente público RTVC, que es o debiera ser adjudicar un contrato conforme a los pliegos y a la legislación de contratos", añade.

Esta última resolución del TSJC encaja con la dictada el viernes por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, que rechaza parar el concurso tras otro recurso presentado por Videoreport, que solicitó la adopción de "medidas cautelarísimas". Sin embargo, el órgano de la provincia tinerfeña considera que "no concurren las medidas de especial urgencia que justifiquen la adopción de la medida cautelar solicitada".

Respecto a la incompetencia de la Sala de Las Palmas en favor del juzgado tinerfeño, en su auto Rodríguez señala que no cabe plantear un problema de competencia territorial sino de reparto de asuntos y adelanta la posibilidad de que sea la Sala tinerfeña la que resuelva el proceso principal.

Con todo, el Gobierno regional y RTVC han presentado un recurso al considerar que la Sala de Las Palmas no es competente territorialmente para la tramitación del procedimiento ligado al Tribunal de Contratos Públicos.

Entretanto, ayer se reunió la Mesa de Contratación para iniciar sus trabajos y abordar las ofertas presentadas por las empresas interesadas en el concurso. Se volverá a reunir el próximo martes para fijar un calendario de actuación.