Mucho voluntarismo por parte de todos los grupos parlamentarios en el Congreso se puso ayer sobre la mesa en la sesión constitutiva de la ponencia que debe elaborar el informe para la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Reconociendo las divergencias existentes entre todos ellos en algunos aspectos fundamentales del nuevo texto, sobre todo el relacionado con el futuro sistema electoral, los representantes de los partidos se marcaron ayer un calendario muy optimista para tratar de encauzar el debate y tener "lo antes posible" un nuevo marco autonómico.
Así, los doce diputados de la ponencia, en apenas media hora de reunión, acordaron convocar de nuevo al órgano para el 17 de enero, que suele ser un mes inhábil, y remitir lo antes posibles el informe correspondiente a la Comisión Constitucional para que ésta tenga a su vez elaborado un texto definitivo antes de concluir el mes de febrero.
El calendario puesto sobre la mesa fue instado por el presidente de la mencionada comisión, Jesús Posada, y en principio todos los grupos parlamentarios aceptaron el reto, para lo que llevarán a cabo reuniones y trabajos bilaterales para intentar que haya un trabajo previo y que las reuniones de la ponencia sean lo más eficiente posibles.
Pero algunos diputados integrantes de la ponencia expresaron su desconfianza al respecto entendiendo que las posiciones son muy distantes en relación con el sistema electoral, y que sin un acuerdo sobre este punto será difícil no sólo cumplir el calendario, sino alcanzar un acuerdo mínimo que permita aprobar un nuevo texto de amplio consenso.
Posada reclamó de entrada a los grupos que lleven a cabo todas las reuniones precisas para tratar de tener durante el mes de enero el informe que debe elevarse a la comisión incluyendo en él las enmiendas sobre las que haya consenso amplio, aparcando las divergencias para el debate en la comisión.
Reforma estatutaria
La idea es que a finales de febrero el órgano donde se tramitan las reformas estatutarias pueda tener listo el dictamen correspondiente y que la Mesa del Congreso fije fecha para su aprobación en el pleno de la Cámara antes de su traslado al Senado. Aunque nadie se atrevió a poner una fecha aproximada para la culminación del trámite en ambas cámaras legislativas, todos daban por hecho que se prolongará durante varios meses, como mínimo hasta el verano próximo, siempre que haya acuerdo de mínimos sobre la reforma electoral, porque de lo contrario cabe el riesgo, reconocido por algunos grupos, de que la proposición de ley se retire y se frustre de nuevo la reforma como ocurrió en el 2007.
PSOE, Nueva Canarias y Ciudadanos han sido los grupos que más dudas tienen sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo a este respecto y los tres han reclamado al PP que sostenga en el Congreso lo mismo que en Canarias a favor de una reforma del sistema electoral.
El representante de NC, Pedro Quevedo, ha instado a ser "ágiles" en la tramitación del nuevo texto. "La cuestión es caminar rápido porque este Estatuto va más atrasado de la cuenta", reclamando un texto que esté "vigente" mientras se debaten el estudio del modelo territorial de España o la reforma del sistema de financiación autonómica.
El portavoz popular en esta tramitación de la reforma estatutaria, Pablo Matos, resaltó que "nosotros ya tenemos el trabajo, que hemos estado haciendo previamente, de limpiar cualquier matiz que pueda considerarse inconstitucional".
PP y CC son los dos únicos grupos que no han presentado enmiendas sobre la reforma electoral, asumiendo por ahora que les vale el cambio que se incluye en el texto propuesto por el Parlamento de Canarias, en el que se limita a rebajar los topes electorales del 6 al 3% en el ámbito regional, y del 30 al 15% en el insular. Matos ha recordado en este sentido que el propio Parlamento de Canarias ha sido incapaz de llegar a un acuerdo sobre el futuro sistema electoral, y que algunos grupos han presentado un sistema propio y cuya discusión puede llegar a bloquear el debate en comisión, y ha llamado a que cualquier cambio se haga "por consenso" para que "nadie se sienta limitado por sus aspiraciones".
Desde CC, Ana Oramas ha criticado que este sea el tema que algunas fuerzas políticas sacan a debate de forma interesada mientras, según ella, "son otras cuestiones lo que le interesa a los canarios, asegurando que "tiene sentido" que sea en el Parlamento de Canarias donde se busque un acuerdo y se desarrolle un nuevo sistema electoral.
El socialista Sebastián Franquis reclamó al PP que defienda en el Congreso la "misma sensibilidad" que expresa en las Islas sobre la necesidad de la reforma electoral y subrayó que "la sociedad canaria no nos perdonaría que el Estatuto canario se volviera a retrasar", instando al resto de formaciones de la ponencia en la necesidad de alcanzar un acuerdo en el Congreso independientemente de que se implemente posteriormente en una ley del Parlamento de Canarias porque "todo el mundo coincide que el actual no es justo". "Hay que acabar con el blindaje de la alternancia política en Canarias y que un partido que ha perdido las tres últimas elecciones sea el que siga gobernando".
Cien enmiendas
Ciudadanos y Podemos son los únicos partidos que rechazaron el texto estatutario en el debate de toma en consideración y quienes más modificaciones plantan en sus cerca de 100 enmiendas en cada caso.
Melisa Rodríguez, la diputada tinerfeña de la formación naranja, puso el énfasis en la negativa de CC a asumir el debate de la reforma electoral durante la tramitación del texto en el Congreso, recordando que su formación, con 54.000 votos en las elecciones del 2015, no logró representación por los topes electorales.
"Somos la cara de lo que ve la gente de lo que es la ley electoral real, y preferirán que debatamos menos. Ese será el punto de la discordia y del que dependerá que el Estatuto pueda salir o no", ha admitido la diputada.
"Si pensamos mal, creemos que intentarán llegar a un acuerdo blindado de reforma de ley electoral en el Parlamento de Canarias para evitar el debate aquí en el Congreso; si pensamos bien, habrá mucha disposición de todos los partidos políticos para tener un debate aquí igual que en Canarias", ha planteado.