Todo está listo para juzgar a los seis acusados del c aso eólico, la trama de corrupción sobre la adjudicación de energía eólica que afecta entre 2004 y 2005 a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, con su exdirector general Celso Perdomo como principal investigado. El juicio arranca el próximo día 13 con la elección del jurado y la expectación de los primeros interrogatorios, que pueden esconder una sorpresa importante: el reconocimiento de los sobornos por los dos empresarios y la aminoración de las penas gracias a la atenuante de la confesión.
Tanto fuentes de las defensas como de las acusaciones han confirmado que existe la posibilidad de llegar a acuerdos en el juicio, cuya duración se estima en cinco semanas. En los jurados no cabe la figura de la conformidad, por lo que este pacto estaría condicionado al reconocimiento de los hechos por los acusados en los interrogatorios. Al menos dos de ellos, los empresarios Enrique José Guzmán y José Ignacio Esquivel, han trasladado a través de sus abogados la predisposición a admitir parte de la acusación formulada por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas.
El fiscal Luis del Río reclama para Guzmán y para Esquivel año y medio de cárcel, penas máximas para el tipo de cohecho por el que van a juicio ambos empresarios. La mínima está en los seis meses. De ahí el margen que tiene el ministerio público para adaptar sus conclusiones a las circunstancias.
La sombra del acuerdo
Hasta el momento no se contempla ninguna atenuante de la responsabilidad penal, ni siquiera de dilaciones indebidas por los 13 años de tramitación que acumula el procedimiento, pero un reconocimiento de los hechos obligaría al fiscal a ponderar la equidad de su acusación en la vista oral, sin olvidar que la competencia para imponer el castigo, si finalmente hay veredicto de culpabilidad, es siempre del magistrado que preside el tribunal popular, en este caso Pedro Herrera.
Otro procesado que está en buena disposición de salir mejor parado si llega a acuerdos es el exjefe de área de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, Honorato López, quien, tras el cese de Perdomo como director general en junio de 2005, se comprometió a cerrar los acuerdos para beneficiar a las compañías de Guzmán y de Esquivel en la adjudicación de los contratos, según las conclusiones provisionales del ministerio público.
No es el caso de Perdomo ni de su pareja en esa etapa, Mónica Quintana, ni tampoco del abogado Alfredo Briganty, cuyas defensas combaten con vehemencia los argumentos del fiscal, según se desprende del auto de hechos justiciables elaborado por Pedro Herrera. Esa resolución judicial fija los límites del debate; deja fuera las teorías conspiranoicas de las defensas y, sobre todo, señala los hechos sobre los que deben centrarse los interrogatorios para luego emitir el jurado su veredicto de culpabilidad o de inocencia.
Perdomo, que se enfrenta a siete años de cárcel, niega que se prevaliera de su cargo para beneficiar a las compañías a cambio del cobro de comisiones. Sostiene, en líneas generales, la "imposibilidad fáctica y real" de facilitar información ventajosa a los empresarios, pues la competencia para asignar la potencia eólica la tenía el "consejero del ramo", esto es, Luis Soria, hermano del expresidente del PP y exministro José Manuel Soria, según la orden de octubre de 2004 por la que se convocan los concursos, los cuales, además, nunca llegaron a celebrarse porque fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El fiscal, en cambio, se apoya en un centenar de conversaciones y en pruebas documentales para concluir que Celso Perdomo se valió de su cargo para dejar encaminados los expedientes. Su pareja, Mónica Quintana, abrió una cuenta en la entidad luxemburguesa Fortis Bank, a la que Guzmán, con intereses en la entidad Proyectos Renovables de Canarias y el grupo Hidrocantábrico, transfirió 14.052 euros y 9.400 euros.
El acusado replica que esos pagos no tienen nada que ver con el concurso eólico, sino con asesoramientos inmobiliarios prestados al empresario. La cuenta asegura que la abrió su mujer porque el banco no le permitía tenerla a su nombre por su condición de funcionario.
Perdomo también contactó con Alfredo Briganty, que era secretario del consejo de administración de Promotora de Recursos Eólicos 2004, sociedad en la que Esquivel ejercía de vicepresidente. El fiscal Luis del Río les acusa de liquidar una deuda de 12.700 euros que Perdomo tenía con la empresa Proarguineguin SL debido a una reforma de su casa.
Briganty, sin embargo, sostiene que ese ingreso fue ordenado "únicamente por Esquivel" y que está vinculado a un proyecto técnico para aprovechar la energía de las olas.
